Silvano Bautista I. / Diario de Chiapas
Los alcaldes de Chiapas deben de tener en claro que si no tienen un plan de trabajo municipal no podrán presupuestar obras y mucho menos ejecutarlas, aseguró la diputada Adriana Bustamante Castellanos, presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso del Estado, quien dijo esta Legislatura está dejando los cimientos para que a futuro los ediles tengan un plan municipal de desarrollo, en el cual se basen sus obras.
Dijo que la Comisión a su cargo es de vital importancia, porque se da seguimiento al plan nacional y estatal de desarrollo y que en este sentido los ayuntamientos no son indiferentes, por lo que exhortó a los presidentes municipales a la elaboración de un plan municipal de desarrollo.
Entrevistada por Carlos Z Cadenas en el programa “Z Digital”, la legisladora informó que se trabaja en una iniciativa de ley de planeación para que los ayuntamientos tomen en cuenta varios aspectos para su desarrollo social y económico, y para lo cual se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Planeación en cuanto a la capacitación de las autoridades municipales.
En este sentido, insistió en que todos los alcaldes deben entregar sus planes de desarrollo y cada uno será revisado por el Congreso, a fin de que exista la certeza de que habrá un desarrollo ordenado en los municipios chiapanecos.
Bustamante Castellanos consideró que, al haber un plan municipal de desarrollo adecuado, los ediles podrán cumplir sus compromisos de campaña, sobre todo en tiempos electorales, cuando se habla de la posible reelección de autoridades municipales.
Sobre el tema de mujeres y leyes en Chiapas, la diputada dijo que se trabaja para elaborar una iniciativa de ley en donde se sancione y se castigue a quien usurpe las funciones de una mujer y reveló que existen varios municipios donde la población votó por una mujer para la alcaldía, pero que en realidad son los esposos quienes cumplen estas funciones.
En este sentido, reveló que hace algunos meses mil 500 mujeres de todo el país fueron convocadas por activistas feministas y lograron que el Instituto Nacional Electoral pidiera a los partidos políticos que no postularan a candidatos que hayan sido promotores de la violencia de género.
