Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
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El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, señala al Instituto Nacional de Migración (INM) de rechazar las solicitudes de asilo que se realizan en los pasos fronterizos formales en el sur de México, que representa una violación directa a los derechos de las personas en movilidad humana.
“El derecho al refugio y la protección internacional no deben estar sujetos a la voluntad de ninguna autoridad o persona, ni puede ser interrumpido bajo ninguna circunstancia de excepción puesto que pone en grave riesgo la vida y la integridad de las personas”, sobre todo cuando se trata de menores de edad o personas que han sufrido distintas violencias en sus países de origen.
Aunque son acciones que en repetidas veces han sido cuestionadas por la sociedad civil, desde el pasado 19 de marzo el INM incrementó sus detenciones y negaciones a los trámites en puntos de acceso formal como es el caso del puente Rodolfo Robles que une a Tecún Umán, Guatemala, con Suchiate, México.
“Hemos documentado el rechazo constante de dichas personas, incluidas familias con menores de edad, que son devueltas hacia el puente fronterizo sin ninguna explicación e inclusive negándoles la posibilidad de recibir acompañamiento e información adecuada y suficiente sobre sus derechos”.
Lo anterior fue evidenciado el pasado 5 de abril al presentarse una familia con tres menores de 13, 15 y 17 años, quienes a raíz de diversas amenazas, hostigamiento y persecución en su país de origen se vieron obligadas a huir y solicitar asilo en este país.
“Las autoridades en turno les impidieron el acceso a territorio mexicano a pesar de manifestar reiteradamente su situación y su necesidad de solicitar protección; por medio de engaños fueron devueltas a territorio guatemalteco, impidiéndoles el contacto con las organizaciones de la sociedad civil que acudimos a brindar acompañamiento”.
Los encargados argumentaron expresamente que, no tienen permitido el ingreso de ninguna persona “y que las personas deberían ingresar de manera irregular a México para, posteriormente, solicitar asilo en otro lugar al tiempo que mencionó enfáticamente que las y los defensores no podremos seguir acudiendo al puente fronterizo por órdenes del Instituto”.
Impiden presencia de ONG’s
“La negativa de las autoridades a recibir dichas solicitudes, así como el hostigamiento y bloqueo a nuestra labor de promoción y defensa de los derechos humanos han ido en aumento, vulnerando por una parte el derecho de las personas a solicitar la condición de refugiado, asilo político, determinación de apatridia o protección complementaria, consagrado en el artículo 13 de la Ley de Migración”.
Además, en los diversos compromisos internacionales que el país ha suscrito en la materia y, por otra parte, restringiendo el ejercicio de las labores como defensoras y defensores de derechos humanos, nuevamente: pues el año pasado el INM también les prohibió el paso a las estaciones migratorias y sus extensiones.
Por ello, exigen que, de manera coordinada, Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado establezcan una ruta clara para garantizar el acceso efectivo a la información y procedimientos de refugio, asilo, declaración de apátrida y protección complementaria.
Al Sistema Nacional para la Protección Integral de la Familia, a través de las Procuradurías de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes, deben ejercer su labor de velar por la protección y el interés superior de menores migrantes y refugiados, desde los puntos de ingreso al país, en el seguimiento a los casos individualizados y sea efectivo el interés superior.
Asimismo, que se acabe con la obstaculización de la labor de observación, monitoreo, promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres migrantes, con necesidades de protección internacional y refugiados.
