Jeny Pascacio/Diario de Chiapas
“El que paga avanza”, lamenta Alicia, una migrante hondureña que tiene el objetivo de llegar a Monterrey para reunirse con más familiares que, dice, le ayudarán a ingresar a Estados Unidos.
Salió de su país con un grupo de personas en marzo, el mismo mes que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados alertó con el máximo histórico de 9 mil 076 solicitudes de asilo por el incremento de personas en movilidad humana llegando a México.
Junto a otras mujeres migrantes, Alicia recorre las calles de Tuxtla Gutiérrez en busca de trabajo, “necesito para comer y avanzar; si me agarran me encierran y me regresan, pero yo no puedo regresar”.
Antes de llegar a México, desconocía sus derechos. Cuando acudió a las cocinas comunitarias y albergues buscando alimentos y un techo, los encargados la informaron. Aunque puede solicitar asilo, no confía en las autoridades mexicanas.
“En el camino nos toca ver de todo. Pero desde antes de agarrar camino sabíamos lo que nos podía pasar, pero nunca se puede estar completamente preparados”, la joven migrante también se preparó para no embarazarse en caso que fuera víctima de una violación.
La entrada masiva de personas a México, también visibilizó los riesgos que enfrentan en esta ruta. Aunado a que en los últimos meses los gobiernos de los países que integran el triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), además de Estados Unidos y México, acordaron desintegrar caravanas y contener a la migración en la frontera sur de este país donde mantiene un despliegue militarizado desde el 19 de marzo.
CAMINOS DE EXTRAVÍO
En consecuencia, el crimen organizado reabrió nuevas rutas que incrementan los riesgos para las personas migrantes, siendo el menor de ellos el coronavirus.
Las bitácoras de algunos albergues en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, señalan que en el 90 por ciento de las personas que ingresan, sin distinción de nacionalidad, fue víctima del crimen organizado que los despoja de sus pertenencias, asimismo de policías y de los agentes de migración que les cobran hasta 3 mil pesos para que les permitan avanzar en los retenes.
El albergue Una Ayuda Para ti mujer migrante A.C., con sede en Tuxtla Gutiérrez, reportó que “10 de 10” personas que acuden a las instalaciones fueron asaltadas y además golpeadas por uniformados, identificados como policías estatales.
Algunos migrantes centroamericanos entrevistados dijeron haber sido interceptados por presuntos narcotraficantes en zonas consideradas de alto riesgo en las regiones de la Meseta Comiteca, Maya, Selva Lacandona y Sierra Mariscal.
Para el Centro de Dignificación Humana tanto la autoridad como los delincuentes están vinculados, pues las personas en movilidad humana representan grandes ganancias para ambos bandos.
“El que no trae dinero lo detienen. El que trae dinero, le paga al ‘coyote’ al ‘polero’ o traficante desde antes de entrar a México y Migración los identifica ya sea por señas u otro tipo de distinción cuando suben a los autobuses a revisar; sólo bajan a los que no pagaron previamente. Todo es un contubernio, una aberración”, dijo el activista Luis García Villagrán.
Coinciden en que la migración no va a parar, aunque Estado Unidos envíe y ordene el incremento de tropas para resguardar la frontera sur de México, como fue anunciado hace algunos días por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.
De acuerdo con tres albergues contactados, que pidieron anonimato ante la solicitud anticipada de algunas instancias federales para que eviten dar detalles a la prensa, de octubre a enero de 2020, fueron más jóvenes 18 a 27 años los que entraron.
Actualmente la incidencia está en personas mayores de 50 años, y está incrementando el número de salvadoreños, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que también están llegando por esta frontera sur.
Carmen, tiene 52 años y es salvadoreña. Logró llegar a Tuxtla con ayuda de otros migrantes, pues en uno de los caminos de extravío en el río Suchiate, cinco sujetos armados la despojaron a ella y otro grupo de centroamericanos de sus pertenencias.
Perdieron identificaciones, además de dinero en efectivo, lo que agrava su estancia en Chiapas, pues la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) exige identificaciones para iniciar cualquier trámite migratorio, “sin dinero y sin identificaciones, me van a regresar directo y eso no es opción”.
Sentada, esperando sus alimentos, Carmen dice que seguirá avanzando como pueda, ya que tampoco cree en lo que ofrece el Instituto Nacional de Migración (INM).
Diana Martínez, oficial de programa para la Coalición Internacional contra la Detención, agrega que migrar en pandemia es una situación complicada que requiere, además de presupuesto, voluntad y una coordinación más efectiva, “si a los grupos del crimen organizado, le sumas el tema de la detención migratoria el tema se agrava”.
La situación aún preocupa a la sociedad civil, pues el discurso del INM de ‘rescates humanitarios’ en el contexto de la corrupción y un despliegue militarizado por la Sedena y la Guardia Nacional en Chiapas y Tabasco, deja a los migrantes con más riesgos y con menos opciones de que sean reconocidos sus derechos humanos.
