Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Durante 2019 y 2020 han sido asesinadas 45 personas defensoras de derechos humanos en México, en un contexto que se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven y que empeora con los años, de acuerdo con el informe “Semillas de la dignidad y lucha”, publicado por la Red TDT.
La Red está integrada por 83 organizaciones con presencia en más de 20 entidades, entre ellas Chiapas, donde reportan cinco asesinatos de defensores en los últimos dos años, entre ellos el caso de Sinar Corzo el 3 de enero de 2019.
Los integrantes de la Red TDT realizaron un mapeo de la dispersión por tipo de defensa de derechos humanos en cada entidad del país: Desca, defensores comunitarios, civiles y políticos, diversidad y comunicadores.
Analizaron la situación desde las conferencias matutinas donde ‘deslegitima’ la labor de las organizaciones y, “demuestra un amplio desconocimiento y descrédito de la defensa de los derechos humanos y de las luchas históricas de pueblos y comunidades”.
Para la sociedad civil, a nivel estatal y municipal el riesgo es mayor, pues los ataques desde el gobierno federal lanzados desde un espacio de alto impacto mediático como la conferencia matutina, permiten que otros actores reproduzcan discursos parecidos, como ha sucedido en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.
De esta manera, consideran que el Estado pone en ‘entredicho’ la labor de protección de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan.
Un ejemplo es que, en 2020, la Red TDT documentó el asesinato de, al menos, seis personas de la diversidad sexual que realizaban acciones a favor de los derechos humanos. En todos los casos la información recabada señala que eran personas dedicadas al activismo de las poblaciones LGBTTTIQ+, es decir, realizaban acciones de movilización, visibilización y promoción de derechos.
“En ninguno de los casos se consideró como línea de investigación el haber sido asesinadas por su labor de defensa de derechos humanos. Esta situación nos obliga a cuestionar la definición de persona defensora y plantea importantes retos para garantizar que todos los derechos sean para todas las personas”.
Esto, es un reflejo de la ineficacia de las fiscalías, reza la conclusión del informe, pues muestra un sistema judicial con agentes poco capacitados, con jueces carentes de perspectiva de defensa de derechos humanos, de la falta de homologación de estándares internacionales en materia de defensa de derechos humanos, una distribución inadecuada e ineficaz de recursos, así como de conocimiento técnico y herramientas teórico-prácticas del personal de las fiscalías.
