Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
La falta de continuidad en las administraciones gubernamentales dificulta el cumplimiento de los ejes que propone la Carta de la Tierra, una declaración de principios creada hace 20 años, que gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales de diversos países han incorporado como su marco ético en la toma de decisiones.
Se trata de una visión para el desarrollo sostenible, tanto a nivel personal como institucional, observando el respeto y cuidado de la comunidad de la vida, la justicia social y económica, democracia y la no violencia, explicó en una entrevista el coordinador de la Red Nacional de la Carta de la Tierra, y representante en México de esta iniciativa internacional, Mateo Alfredo Castillo Ceja.
“La pandemia nos recordó que la sustentabilidad es necesaria, y nos demuestra que la Carta de la Tierra es un documento visionario que ya planteaba hace 20 años un cambio en los paradigmas, porque la salud no está desarticulada de los temas ambientales y económicos”.
En el contexto actual, consideró que la crisis de la civilización que reveló esta enfermedad obliga a replantear los fundamentos sociales a través de nuevos paradigmas, estilos de vida y de consumo “si no cuidamos el mundo no vamos a poder avanzar”, es, en su opinión, una de las grandes lecciones que trajo el COVID-19.
¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos que han suscrito este documento?
-Es un reto enorme. La gran debilidad es que tenemos gobiernos que cambian cada tres o seis años sin dar continuidad en los compromisos, entonces la visión y principios de la carta se truncan sin lograr el objetivo de transformar conciencias y acciones siguiendo los 63 ejes que integran el documento.
Sin embargo, recordó que los grandes cambios vienen acompañados de la persistencia, como lo han visto en las últimas dos décadas, además, el objetivo de la Carta de la Tierra no es ser un marco legal “sino un documento inspirador que ayude a tomar mejores decisiones, que dé esperanza y forme conciencia sobre la forma como estamos viviendo en el mundo y las consecuencias de nuestros actos”, explicó.
Más de mil organizaciones en México han incorporado este documento en su marco ético, también administraciones gubernamentales, porque sus principios apuntan en la misma dirección que los ciudadanos: justicia, oportunidades y un contexto que permita el desarrollo de las capacidades de cada individuo, uno de los temas que esta carta considera prioritarios, un pendiente que lastra el destino de millones “y si las políticas públicas no consiguen cambiar esto, estaremos lejos de ser un país que ofrezca las mismas posibilidades a todos”, destacó.
