Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Preocupa a la organización Melel Xojobal las condiciones de hacinamiento en que se encuentran las más de tres mil personas desplazadas forzadamente de Pantelhó en el contexto de la pandemia del COVID-19; más de la mitad de esa población es menor de edad, en su mayoría mujeres.
Se encuentran refugiadas en comunidades de los municipios de Sitalá, Tila, San Juan Cancuc, Chenalhó, entre otros. Mientas en San Cristóbal de Las Casas pueden estar alrededor de mil 200 personas, “durante el monitoreo que las familias, en su mayoría acompañadas por mujeres, aún buscaban a sus familiares; estaban incomunicadas, no sabían dónde se encontraba el resto de sus familias y si habían salido o no de Pantelhó”.
Los espacios habilitados como albergues, recintos religiosos, asociaciones civiles y casas de familia están solicitando apoyo con alimentos perecederos y no perecederos, pañales, fórmulas para bebés, ropa, cobijas, colchonetas, toallas sanitarias, leña, artículos de higiene personal y actividades de contención emocional para las niñas, niños y adolescentes (lúdicas, educativas y recreativas).
Estos espacios cuentan con la capacidad para albergar hasta 200 personas, pero por la contingencia de la pandemia, se restringe la capacidad por parte de las instituciones del Estado para evitar cadenas de contagio por COVID.
“Presenciamos la omisión y retrasos por parte del Estado en atender de manera urgente a las desplazadas y desplazados, así como la falta de coordinación entre las instituciones para proteger y garantizar sus derechos. La situación de violencia en Pantelhó no es un caso aislado, sino parte de una larga serie de conflictos derivados de una sistemática presencia y operación de grupos criminales en la región que –con la aquiescencia del Estado– insisten en tomar el control del territorio”.
De marzo a la fecha se han registrado 12 personas asesinadas por este tipo de violencia, una de ellas un niño. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., del 2006 al 2018 se han registrado en Chiapas más de 5 mil 35 personas indígenas desplazadas por conflictos internos, siendo uno de los estados más afectados del país.
“Junto a otras organizaciones solidarias de la sociedad civil organizada, como la Red por los Derechos de La Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS) y la Red de Los Derechos de La Infancia en México (REDIM), repudiamos todas las situaciones de violencia generadas por el crimen organizado, la presencia paramilitar y otras fuerzas criminales que han expulsado desestabilizado a las comunidades de la región de los Altos de Chiapas”.
Esta omisión e incapacidad del Estado para garantizar la seguridad y la vida de las y los pobladores y encontrar soluciones pacíficas ante la violencia generalizada en las comunidades preocupa a las organizaciones; “reiteramos que la militarización de los territorios no es la vía para resolver los conflictos”.
