Letras Desnudas
Mario Caballero
Superdelegado: Súpercorrupto
¿Por qué los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador son ligados a la palabra “fracaso”?
¿Por qué se dice que ha fracasado el combate a la pobreza cuando todos sabemos que el gobierno llamado de la Cuarta Transformación ha destinado miles de millones de pesos para revertir la situación en la que viven 55.7 millones de mexicanos, es decir, 3.8 millones más que en 2018?
Y ¿por qué hay quienes aseguran que el famoso combate a la corrupción y a la impunidad, estandarte del Movimiento de Regeneración Nacional, es un fraude que sólo tiene resonancia en el discurso, pero no en los hechos?
La respuesta a las tres preguntas es una y además muy sencilla: por la corrupción de funcionarios públicos pertenecientes a la 4T, llamados súperdelegados, que en su mayoría han desviado o utilizado los recursos de los distintos programas sociales y de combate a la pobreza con fines políticos personales.
Y no, no es que los programas sociales inspirados por el presidente de la República hayan fracasado. Pensarlo de este modo sería un error.
Hablemos con la verdad. En estos tres años del nuevo gobierno federal ha habido cambios sustanciales tanto en la forma de entender como de ejercer el poder.
Reflejo de esos cambios en la política actual es la creación de una compleja estructura administrativa para la entrega de los apoyos de los distintos programas sociales. Diseñada, en primer lugar, para hacer más efectiva y provechosa la entrega de los apoyos a los ciudadanos. Y para evitar que todo ese mundo de dinero sea presa de la corrupción.
Sin embargo, todavía existen funcionarios públicos que no han logrado comprender el mensaje de “no robar, no mentir y no traicionar”, quienes se han aprovechado de los cargos gubernamentales, los recursos y la autoridad que les fue conferida para hacer su agosto.
En resumen, los programas sociales no fracasaron sino los hicieron fracasar.
En el caso de Chiapas este fracaso, o mejor dicho traición, tiene nombre y apellido. Se llama José Antonio y se apellida Aguilar Castillejos. Y en las siguientes líneas le explicaré por qué.
RED DE COMPLICIDADES
José Antonio Aguilar Castillejos fue nombrado Delegado estatal de la política social y económica del gobierno federal por el mismo presidente López Obrador. Esto fue meses antes de que el tabasqueño tomara posesión de la Presidencia de la República.
Aunque hay comentarios que Aguilar Castillejos obtuvo el nombramiento no por méritos propios, sino gracias a la recomendación de su amigo Gabriel García Hernández, quien renunció a finales de junio pasado a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
Pues bueno, el gobierno comenzó a construir la estructura de los programas sociales en octubre de 2018, quedando Aguilar Castillejo encabezando la Delegación Estatal, con 12 directores regionales y un ejército de colaboradores, que eran todos aquellos hombres y mujeres que promovieron al partido durante la elección de 2018 y que repartieron de casa en casa el periódico Regeneración. Todos estos, llamados ahora “Servidores de la Nación”, fueron formados como operadores políticos, con orígenes de lucha y lealtad al proyecto obradorista.
José Antonio Aguilar Castillejos, apenas asumió como Delegado Estatal, empezó a erigir una estructura política en aras de su propio proyecto político en 2024: el Gobierno del Estado de Chiapas.
Bajo ese objetivo, y con la complicidad de Gabriel García, entabló alianzas e hizo compromisos económicos con varios presidentes municipales, que consistían en el intercambio de respaldo político por apoyos a discreción de los recursos de los programas federales.
Para la elección del seis de junio, fue acusado tanto por militantes de Morena como por los propios trabajadores de la Delegación Estatal de haber utilizado recursos de los programas en beneficio de las campañas electorales de diversos candidatos, sin importar del partido que fueran.
En marzo de 2021, en una casa que rentó por el rumbo de Terán, Aguilar Castillejos sostuvo una reunión privada con Ciro Sales Ruiz, dirigente estatal de Morena, y el exdiputado local Marcelo Toledo Cruz, en la cual acordaron seleccionar a los candidatos afines a su grupo político, conocido como “Los gordos”, y no era necesario que fueran de Morena, podían ser del PRI, PVEM, PAN, etcétera, pues la intención era respaldarlos política y económicamente este 2021 para que estos en el 2024 financiaran la campaña de José Antonio Aguilar Castillejos a la gubernatura y de Toledo Cruz a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.
¿De dónde saldría el apoyo económico que Los gordos darían a su revoltijo de candidatos? Obvio, de los programas federales.
¿De dónde obtendrían el financiamiento de éstos para sus campañas electorales en 2024? Más obvio todavía, de los recursos de las obras de los municipios.
¿De dónde Los gordos les darían el apoyo a esos candidatos para su promoción política? Si tomar recursos de los programas sociales para pagar campañas políticas ya era algo bastante grave, utilizar la estructura de la Delegación Estatal para hacer proselitismo político empeoraba el nivel de corrupción en la institución, ya que ese trabajo fue realizado por los directores regionales, que a su vez tuvieron bajo su mando para dicha actividad a miles de servidores de la nación que anduvieron por todo el estado haciendo promoción política y no cumpliendo con su función, que es pagada con recursos públicos.
La estrategia funcionó así: los directores regionales renunciaron a sus cargos para ser nombrados por el partido como “coordinadores para la estructura electoral de la defensa del voto”. Y al terminar la elección regresaron a sus puestos originales.
Los directores regionales que presuntamente se prestaron al fraude y a la corrupción de Los gordos fueron Hugo Garay Ramírez (Distrito 3, Ocosingo); José Luis Gordillo (Distrito 2, Bochil); Cristóbal Bonifaz Solís Molina (Distrito 5, San Cristóbal); Ana Cecilia Chacón (Distrito 10, Villaflores, quien no renunció al cargo ya que su esposo, Juan Carlos Paez Fernández fue el operador político en ese distrito) y Armando Robledo Vázquez (Distrito 12, Tapachula).
Los servidores de la nación que no estuvieron conformes por ser obligados a realizar tareas políticas, fueron amenazados con ser despedidos por el mismo Aguilar Castillejos.
Irónicamente, mientras el superdelegado salió hace pocos días con un video en redes sociales para supuestamente agradecerles a los servidores de la nación por la enorme labor que hicieron a favor de la patria, en la Región 11 lo acusaban de explotación laboral, al obligarlos a cumplir jornadas hasta de 15 horas.
¿Cuál fue la instrucción de Aguilar Castillejos a los servidores de la nación? Simple, amenazar a los beneficiarios de los programas sociales con ser dados de baja de las listas de apoyo sin no votaban por el candidato que él les decía.
¿FRACASO?
Por tanto, no podemos decir que los programas sociales fracasaron. Al menos aquí en Chiapas el responsable de ese fracaso fue José Antonio Aguilar Castillejos, un traidor, un cáncer de la 4T que mancha y denigra los principios de este gobierno.
Por dignidad, debería renunciar. Tal como hizo su amigo Gabriel García Hernández.
@_MarioCaballero
