Marco Alvarado/Diario de Chiapas
Con más de 600 mil delitos sexuales cometidos cada año en México, de cuyas víctimas nueve de cada 10 son mujeres, son “obispos conservadores” quienes insisten en impedir el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos sexuales de las mujeres, destacó la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
Con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), destacaron que de los miles de abusos sexuales sufridos por las mujeres, en las instituciones de salud públicas aún son muy bajas las autorizaciones para interrumpir legalmente un embarazo que tuvo como origen una violación.
Cumplir con el derecho de las mujeres “es un reto inmenso”, destacó la organización. El marco normativo mexicano establece la legalidad de la interrupción del embarazo por diversas circunstancias. Además, el Estado ha recibido una serie de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, en donde se establece que negar un servicio de salud que es sólo para mujeres, es un acto de discriminación.
Este lunes, el Pleno de la SCJN discutió tres asuntos relacionados con el reconocimiento del derecho humano a la vida en la constitución de Sinaloa, con la pena por el delito de aborto en el estado de Coahuila y con el derecho humano a la objeción de conciencia en la Ley General de Salud.
Al respecto, la jerarquía católica aseveró que la dignidad humana y los derechos fundamentales “no son una cuestión de votación, sino de reconocimiento y respeto”.
No obstante, como lo destacó esta organización, el Estado mexicano ha recibido recomendaciones por parte de los grupos de trabajo donde se ha solicitado la alerta de género en México, en torno a la implementación del acceso a servicios especializados para la interrupción legal del embarazo, especialmente por violación. Además, desde el año 2013 el Estado mexicano firmó el Consenso de Montevideo en el que se comprometió a modificar las leyes y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, compromiso que no puede estar sujeto a la visión de una organización religiosa.
En este sentido, consideraron que, aun cuando algunos gobiernos están intentando cumplir con las normas vigentes, las autoridades están siendo objeto de amenazas y descalificaciones por parte de la jerarquía católica conservadora y organizaciones civiles aliadas, con la intención de impedir que cumplan con las leyes que protegen a las mujeres, específicamente las que garantizan el acceso a los servicios de aborto legal y seguro.
