Un comité del Senado de Brasil acusó a Bolsonaro de nueve delitos por su gestión de la pandemia de covid-19, que ha provocado la muerte de más de 604 mil personas en el país.
Los crímenes imputados son prevaricación, charlatanería, epidemia que tuvo como resultado la muerte, infracción a las medidas sanitarias preventivas, uso irregular de fondos públicos, incitación al crimen.
Además, figuran falsificación de documentos particulares, crímenes de responsabilidad, crímenes contra la humanidad (en la modalidad de exterminio), persecución y otros actos inhumanos.
Estos delitos sumarían cien años de prisión, según el senador Randolfe Rodrigues, presidente de la la Comisión de Investigación Parlamentaria del Senado (CPI, por sus siglas en portugués).
En total, hay 66 funcionarios, exfuncionarios y empresarios relacionados con esta trama de omisiones para atender el manejo de la pandemia, insistió el documento de más de 1,100 páginas.
Entre ellos destacan Marcelo Queiroga, actual ministro de Salud, y Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores.
También aparacen hijos del presidente, Flávio Bolsonaro, senador; Eduardo Bolsonaro, diputado; y Carlos Bolsonaro, concejal, todos señalados de incitación al crimen.
También destaca el exsecretário de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, José Ricardo Santana, según la información de la Cámara alta.
En el reporte destaca el médico que hizo estudios con el fármaco proxalutamida, Flávio Cadegiani.
El mandatario está señalado de demorarse en adquirir vacunas. En 2020, la firma Pfizer ofreció 70 millones de dosis, pero el gobierno ignoró la oferta.
El delito de prevaricación remite a que un funcionario advirtió al mandatario de un esquema de corrupción para desviar fondos para comprar dosis. Sin embargo, el mandatario no hizo nada.
Después, defendió la adquisición de la vacuna Covaxin, de India, que no contaba con la autorización de la agencia reguladora.
El informe se votará el próximo 26 de octubre entre los 11 senadores de la comisión en la que la oposición tiene mayoría. También impulsarán la apertura de un proceso de juicio político.
Sin embargo, la decisión de presentar cargos queda en manos del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien fue designado por Bolsonaro y es su aliado.
Ante eso, los senadores apuntaron que de no lograr avances en las instancias de su país acudirán a la Corte Penal Internacional. Mientras siga en el cargo, cuenta con fuero.
“SE BURLÓ CUANDO VIO EL REPORTE”
Eduardo Bolsonaro, diputado e hijo del presidente Jair Bolsonaro, aseguró que su padre se carcajeó cuando se enteró de las conclusiones del informe del comité del Senado.
Al ser interrogado sobre el tema, el también diputado se rio y dijo: “esto fue lo que él hizo”.
Por su parte, el mandatario aseguró que él no es responsable de estas acusaciones.
En el mismo sentido, Fernando Bezerra Coelho, jefe del gobierno en la Cámara alta, defendió al mandatario.
El trabajo de la comisión especial de investigación está marcado por “caprichos, radicalización e ideologías”, afirmó Bezerra.
Con la información de: Excélsior
