• A los de los municipios Bochil y Teopisca por violencia política contra las mujeres en razón de género
M de R / Diario de Chiapas
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, resolvió dos Procedimientos Especiales Sancionadores en los que se determinó la responsabilidad administrativa de dos expresidentes municipales, uno de Bochil y otro de Teopisca, por la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPRG) cometida en contra de ex síndicas.
La consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, María Magdalena Vila Domínguez, precisó que, en el caso de Bochil, los hechos sucedieron contra tres síndicas de dicho ayuntamiento durante el periodo 2018-2021. En tal sentido, dijo que, en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se determina una sanción contra el denunciado, consistente en declarar la pérdida de la presunción del modo honesto de vivir por cuatro años y se ordena su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de VPRG.
En lo que hace al caso de Teopisca, Vila Domínguez señaló que, los hechos denunciados ocurrieron contra una ex síndica municipal, por lo que, para la reparación del daño, al responsable se le ordena ofrecer una disculpa pública. Asimismo, se instruye su inscripción en el Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE durante un periodo de seis años.
Por su parte, la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación y del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres, calificó como una buena señal para fortalecer la confianza, que el IEPC sancione este tipo de conductas y brinde asesoría y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia política.
Lamentó que se sigan presentando estas conductas violentas, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos, al Congreso del Estado y a los Ayuntamientos, para que asuman su corresponsabilidad en la prevención y en la garantía para que las mujeres ejerzan el cargo libres de toda violencia en razón de género.
