Pascacio Taboada Cortina/ Jorge Martínez Cedillo
Una de las obras “insignia” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya, presenta una serie de obstáculos que permiten avizorar que su conclusión podría trascender su sexenio; hasta ahora, los responsables del proyecto están apanicados por múltiples ineficiencias, empezando por la ausencia de un estudio minucioso e integral sobre la ruta de mil 500 kilómetros de longitud. El deterioro irreversible del medio ambiente peninsular, constituye una de las preocupaciones principales de ecologistas, inversionistas hoteleros y habitantes en general.
Igualmente, la falta de conciliación entre directivos del proyecto y habitantes de comunidades rurales y urbanas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es motivo de total preocupación por acciones de despojo de tierras ejidales y comunales, así como de propiedades privadas, todas sin la seguridad de indemnización, frente a la decisión presidencial de “avanzar a como dé lugar y terminar la obra en tiempo y forma”, aunque eso implique trastocar derechos y violar leyes.
Un aspecto muy importante del proceso constructivo, se refiere a que, después de casi tres años transcurridos de este gobierno, se cambió la ruta de Cancún a Tulum.
La idea de cruzar la zona urbano-hotelera de Playa del Carmen a través de un tramo elevado que cubriera esa zona hotelera, se cambió totalmente –ahora la vía será sobre tierra firme—sin reparar en el origen de las inversiones, que es dinero de todos los mexicanos—para no partir de tajo esa zona de gran turismo. El criterio de hoteleros pesó sobre posibles riesgos de rutas elevadas, poniendo como ejemplo la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
