Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La eliminación del programa de Escuelas de tiempo completo viola progresividad de derechos de las infancias y las expone a ser víctimas de más violencia y desigualdades, respalda la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim).
De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, en el 2019, Chiapas se colocó como el estado con mayor número de Escuelas de Tiempo Completo: 1,817 instituciones participantes. El programa atendía a 105,365 estudiantes, principalmente en zonas rurales de alta marginación.
Para el mismo año, en 1,811 de estas escuelas brindaron alimentación a estudiantes y con ello aseguraron una comida al día al alumnado de escasos recursos.
“Anular este programa deja en vilo a más de 100 mil estudiantes chiapanecos que recibían atención escolar y alimentación durante su jornada escolar. Por lo anterior, como Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas nos sumamos a la exigencia para corregir esta lamentable decisión que atenta contra los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el país”.
La Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante la oficialidad de las Reglas de Operación para ‘La Escuela es Nuestra’ (LEEN) ejecutó la eliminación del programa a pesar de que viola los derechos humanos a la educación y a la alimentación de 3.6 millones menores de edad mexicanos.
“Investigaciones y datos aportados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ilustran de igual manera el impacto que esta decisión tendrá en la vida de niños, niñas y adolescentes, pues el Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) tiene como objetivo implementar […] el uso eficaz de la jornada escolar entre 6 y 8 horas diarias, así como establecer las líneas de trabajo educativas para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, con el fin coadyuvar a mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica. […]”.
Se calcula que, en 2019, al menos 27,063 escuelas de educación básica eran atendidas por este programa; población escolar con elevados índices de pobreza y marginación ubicadas en los municipios comprendidos en la Cruzada contra el hambre (CCH).
Por ello, la Redim llamó a la SEP y a sus autoridades a corregir esta regresividad que está ampliando la violación a los derechos que ya están sufriendo niños, niñas y adolescentes en la actualidad y que a su vez afecta a las familias, especialmente a las mujeres.
“Asimismo, instamos a crear espacios de diálogo con las comunidades escolares. Recordamos que niñas, niños y adolescentes son sujetas de derechos, quienes representan a más de 38 millones de personas en México y que una vez más, están sido invisibilizadas con esta decisión”.










