El caso de Wendy Lizzet es un vivo retrato del salvajismo en que incurren los asesinos de mujeres y de la ineficacia de las autoridades de justicia
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Wendy Lizzet Ochoa Méndez tenía 19 años cuando acudió a la Fiscalía Especializada para Protección de los Derechos de las Mujeres de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para denunciar agresiones de su ex pareja, Jimmy Virgilio Villatoro, de 33 años.
El 12 de octubre de 2011, Wendy relató golpes a puño cerrado y con la hebilla de un cinturón, incluso, durante su embarazo; también señaló a Jimmy de incumplir con los deberes alimentarios para el hijo de ambos.
Entre los episodios de violencia, dijo que Jimmy le tiró gasolina para quemarla, pero los cerillos se mojaron y no pudo concretar el objetivo. Wendy solicitó a la autoridad órdenes precautorias, de protección y cautelares.
La Fiscalía inició la averiguación previa 832/UEDSYVF1/211, recolectó pruebas y una orden de aprehensión contra Jimmy, pero la entonces titular de la citada Fiscalía, Alma Rosa Cariño, dijo que no se podía castigar con cárcel al agresor porque la violencia familiar no era un delito grave.
El 27 de febrero de 2012 aprehendieron a Jimmy y pronto lo liberaron bajo fianza con el citado argumento. Al día siguiente Wendy desapareció.
El 2 de mayo, las autoridades encontraron una cabeza mutilada a la altura del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez. Días más tarde fueron encontrando otras partes del cuerpo de Wendy.
Jimmy fue arrestado el 15 de mayo. Durante el proceso confesó y relató cómo descuartizó a la joven y se comió su corazón frente a una cámara con la que filmó el crimen.
Seis años y nueve meses después la misma autoridad volvió a otorgarle la libertad. Los grupos feministas salieron a las calles y protestaron por las inconsistencias y corrupción en los expedientes.
El 17 de mayo de 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la reaprehensión de Jimmy que fue ingresado al penal número 14 “El Amate”.
“Sigo considerando que es uno de los homicidios más terribles y más sádicos que han ocurrido”, agregó la defensora feminista y abogada, Marta Figueroa Mier.
El mismo año que Jimmy confesó haber asesinado a Wendy, las feministas requirieron la Alerta de Violencia de Género, “nos costó mucho trabajo a las feministas que la Ley General de Acceso que contemplaba violencia feminicida, la incluyera en sus leyes estatales y luego la volviera delito grave: feminicidio”.
NIEGAN LA AUTOPSIA
Pero la lucha no termina, en la actualidad la FGE replica la falta de recursos en la aplicación de protocolos en la investigación de los feminicidios. “Pero también es responsabilidad del gobierno del estado y federal generar condiciones para que realmente haya procuraciones de justicia para todas”, dijo Figueroa Mier y cuestionó la falta de patólogo o patóloga en la Fiscalía de Chiapas.
“No cuentan, por ejemplo, con una lámpara ultravioleta” y realizan el trabajo de manera descuidada a pesar del protocolo para investigar feminicidio que está en vigor desde agosto de 2020.
El instrumento dice que cualquier muerte violenta de mujeres deben investigarse como feminicidio y la investigación tiene que estar basada en cuestiones científicas, “lo explica paso a paso”.
Caso contrario la autoridad justifica los hechos en actos de ahogamiento o accidentes, si el feminicidio sucede en un contexto rural. Pero en los medios urbanos las mujeres se suicidan o las suicidan. En ambos casos la autoridad finca la responsabilidad en la víctima.
“Puede ser el caso de la médica Mariana que la matan en una comunidad indígena y aparece como suicidio. Vemos a otras niñas, jóvenes y señoras mayores que según mueren por ‘broncoaspiración’, se cayó, la atropellaron, se perdió y nadie la busca”.
Entonces ocurre la violencia institucional que discrimina y hace más difícil conseguir justicia.
En San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de Las Casas, el Observatorio Feminista contra la Violencia a la Mujeres de Chiapas denunció el presunto asesinato de una mujer que fue golpeada antes de ser hallada sin vida. En este caso la Fiscalía resolvió muerte por infarto y cerró el caso.
Para la reconocida abogada, es indignante porque los responsables tienen nombre y apellido, desde la encargada de los Servicios Periciales Indígenas, pues existen evidencias de que la mujer fue arrastrada y golpeada.
“Ella estaba en una situación en la que no se podía defender de los golpes, había tenido relaciones sexuales y obviamente si estaba tan ebria, fueron impuestas y estamos hablando de violación agravada equiparable. Que la mujer murió por broncoaspiración y frío no le quita al señor medio ápice de responsabilidad como feminicida”.
Las fiscalías argumentan que por usos y costumbres las personas de pueblos originarios no permiten la autopsia, “no es cierto” y se trata, explica la abogada, de una grave negligencia culposa o dolosa porque incurren en responsabilidad no solo administrativa sino penal.
Por Constitución está obligada a investigar la causa de la muerte a través de la autopsia, pero Figueroa Mier ha documentado casos donde la misma autoridad orilla a las familias a prescindir de este estudio que determina la causa de la muerte.
“Este tema me apasiona, me duele, pero me es imposible volver la cara y no ver lo que está pasando. Llegan a la casa llegan a la oficina, me piden apoyo este y es que podemos documentar esto”.
Para Marta Figueroa mientras prevalezca la impunidad y el Estado institucionalice el problema de feminicidio crecerán las cifras, aunque las escondan “porque digan ya abatimos todos los casos de violencia contra las mujeres, perdón, pero el 911 dice que hay 3 mil llamadas y en la Fiscalía de la Mujer no aparecen y no hay quejas”.
