Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
El 28 de marzo de 1982, además de la erupción del volcán Chichonal, comenzó un proceso mayor de fragmentación comunitaria y control de la población que marca la actualidad, expresaron los pueblos originarios en el Segundo Congreso Zoque que se realizó el 2 y 3 de abril en Chapultenango, Chiapas.
Fueron convocados pueblos, comunidades, barrios y rancherías zoques, para construir salidas colectivas ante la crisis civilizatoria que vive la humanidad y que se manifiesta en el caso de los zoques con la imposición de proyectos extractivos, el desplazamiento forzado de familias, la agudización de la migración nacional e internacional, así como del interés por privatizar el agua, las tierras y el volcán Chichonal.
A 40 años del fenómeno natural publicaron un documento, difundido por el Consejo Nacional Indígena, que señala, “miramos que desde arriba los distintos gobiernos han convertido la fecha del 28 de marzo en mero espectáculo folclorista que busca legitimar una visión histórica acorde al poder en turno”.
El texto dirigido a la sociedad civil está formado por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Chapultenango, Mujeres defensoras de Nasakobäjk, Atención Primaria de Salud APS “wabä ijtkuy”, integrantes de Zodevide y el Centro de Lengua y Cultura Zoque.
“Desde las montañas zoques del norte de Chiapas, México, los pueblos que somos, decidimos construir nuestro propio análisis sobre las distintas amenazas a la vida y el territorio. Ahora, a cuarenta años de la erupción del volcán Chichonal, queremos denunciar las opresiones de hoy”.
Enumeraron las situaciones que amenazan al pueblo originario como el sistema patriarcal capitalista, “se cristaliza en la violencia física y verbal cotidiana, así como en impedir la participación plena de las mujeres en los espacios de toma de decisión, prohibiendo con ello el acceso a la tierra e imposibilitando espacios propios para la atención psicológica, de salud y atención jurídica de los derechos de las mujeres y niñas”.
En el caso de la defensa del territorio, mencionaron la organización de los pueblos en el 2016, que impidió que las tierras fueran concesionadas para la explotación de doce pozos petroleros. Aunque la minería promovida por los consorcios transnacionales y con la complicidad de las instituciones del Estado mexicano siguen generando concesiones que amenazan los territorios de las comunidades de Buenos Aires, Valtierra y Caracol en el municipio de Chapultenango, así como en los territorios de Ixhuatán y Pantepec.
“Denunciamos que las ambiciones del poder económico mundial no cesan por acaparar las tierras zoques; ahora sabemos que su afán de extraer los hidrocarburos en Francisco León no cesa y lo único que nos ofrecen es una estela de muerte y miseria”.
En la defensa del agua citaron al Zacalapa, municipio de Copainalá, pues enfrenta un conflicto grave por la escasez y el monopolio en la gestión y distribución del agua, lo cual ha generado nuevas tensiones que pueden agudizarse.
En la asamblea tocaron el tema de las violencias con el caso del desalojo ocurrido en el ejido Esquipulas Guayabal, municipal de Chapultenango, el 21 de noviembre de 2021 por grupos armados. Asimismo, sobre el deterioro ambiental por la proliferación de basureros públicos como en Rayón y Chapultenango, que contaminan manantiales y ríos en vista de las autoridades municipales.
Denunciaron a las mafias del transporte público en Pichucalco, la reactivación de proyectos energéticos en Chicoasén, Copainalá y Francisco León; así como la falta de atención a las comunidades zoques tras las afectaciones de Eta, hace dos años.
