Plan de Justicia para el Pueblo Indígena Lacandón

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
Para el Gobierno federal de la 4ª. Transformación, los Planes de Justicia que considera el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), representan el ejercicio de Planeación Participativa que realizan uno o más pueblos indígenas que buscan concretar acuerdos con el poder político para “reparar un agravio o injusticia histórica, concreta y demostrable cometida por el Estado Mexicano contra un pueblo indígena”, lo cual es aplicable a la problemática continuada que vive desde hace medio siglo la Comunidad pluriétnica Zona Lacandona en el municipio de Ocosingo, Chiapas, conformada por tres pueblos indígenas: Lacandones, Tzeltales y Choles.
El pasado 18 de agosto de 2021, el Sector Agrario (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU, Registro Agrario Nacional RAN y Procuraduría Agraria PA); el sector Ambiental (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natural SEMARNAT, Comisión Nacional Forestal CONAFOR y Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas CONANP); Secretaria de Gobernación e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), se reunieron con el Pueblo indígena Lacandón en Crucero San Javier, de la Sub Comunidad Lacanjá Chanzayab de los Bienes Comunales Zona Lacandona del municipio de Ocosingo, Chiapas; para revisar la problemática interna de la comunidad en tres puntos específicos: Representación comunal, Administración del territorio comunal y Derecho autonómico del pueblo indígena Lacandón.
El primer punto correspondiente a la representación comunal, se centró en el desconocimiento que los Lacandones hacen de la integración actual de su Comisariado de bienes comunales por falta de legitimación, en razón de que los actuales presidentes del Comisariado y Consejo de Vigilancia, no fueron elegidos por el pueblo Lacandón como ordena el Estatuto Comunal vigente en su artículo 25 y Cláusula 8 del Convenio histórico de reconocimiento de derechos del 30 de marzo de 1977, mediante el cual, el gobierno federal reconoció inconstitucionalmente derechos a más de 1400 campesinos tzeltales y choles, como comuneros.
En el segundo punto correspondiente a la Administración del territorio comunal, los Lacandones solicitaron se respete la administración y división interna comunal ordenada por la Ley Agraria y acordada entre los tres pueblos indígenas en los términos del artículo 109 del Estatuto Comunal, toda vez que los pueblos tzeltal y chol, han venido en décadas depredando la selva transformándola en potreros y áreas agrícolas, invadiendo territorio comunal del pueblo Lacandón.
En este marco de daño patrimonial natural y territorial, los Lacandones plantearon su derecho autonómico como pueblo indígena y la urgente necesidad de atender la norma comunitaria como fuente del derecho, así como la división de la comunidad en el marco de un Plan de Paz, proponiendo la instalación de una mesa agraria de diálogo entre pueblos indígenas, acordando su instalación el 22 de septiembre de 2022.
El gobierno federal asumió la responsabilidad de mediador y voluntad política de facilitar el proceso de diálogo; el pueblo Lacandón, espera una actuación responsable por la vida y por la Paz.