La Guardia Nacional no garantiza la paz

Marco Alvarado/Diario de Chiapas
Ampliar la presencia de la Guardia Nacional (GN) en tareas de seguridad pública hasta el año 2028 podría vulnerar “los procesos de construcción de paz” en las comunidades de Chiapas, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Luego de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al Congreso del estado, los legisladores locales aprobaron por unanimidad, en sesión ordinaria, las reformas a la Constitución que extiende la participación del Ejército y la Guardia Nacional hasta el 2028.
Sobre esto, el Frayba expresó su preocupación por estas reformas, ya que se aleja de un modelo que permita construir la paz sin la intervención de elementos armados.
Para Chiapas, el gobierno federal tiene prevista la construcción de 24 cuarteles de la GN, de los 500 proyectados a nivel nacional; el despliegue de más de tres mil 500 efectivos, de los 223 mil que hay en el país distribuidos en 266 coordinaciones regionales.
Sin embargo, señala el Frayba, “los cuarteles se han instalado en territorios de pueblos originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos como el tren maya, el corredor interoceánico, la refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan”.
Mientras que en el caso de Chiapas, “han servido como elementos coercitivos que buscan desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio”.
Sobre esta reforma, el secretario de Gobernación indicó que la GN debe tener un carácter de permanencia, con la colaboración del ejército en labores de seguridad pública.
“Lo que plantea está reforma es que la Guardia Nacional continúe incorporada, administrativa y, operativamente a la Secretaría de la Defensa; a la par del Ejército mexicano, de la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Civil”, aseveró López Hernández.
Presencia que al Frayba preocupa; por ejemplo, luego de lo acontecido el 15 de octubre de 2020, cuando el pueblo tseltal de Chilón se manifestó en contra de la construcción del cuartel de la GN, que se construyó en su territorio sin su consentimiento, siendo fuertemente reprimidos.
Advierten también que, pese a la militarización actual se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios “lo que da evidencia de que la estrategia es fallida”.
En este contexto, este centro defensor de los derechos humanos expresó su preocupación porque el gobierno federal ignoró lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, con un enfoque cada vez más militarizado”, sin embargo, el gobierno profundiza la militarización del país “poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio”.