(tercera parte de cuatro)
Michael Roberts
Esto está intensificando las contradicciones entre la rentabilidad del sector capitalista y la inversión productiva estable en China. La acumulación de activos financieros e inmobiliarios basada en enormes préstamos está restando potencial de crecimiento.
La inversión en el sector estatal siempre ha sido más estable que la inversión privada en China. China sobrevivió, incluso prosperó, durante la Gran Recesión, no debido a un impulso de gasto gubernamental de estilo keynesiano para el sector privado, como argumentaron algunos economistas, tanto en Occidente como en China, sino debido a la inversión estatal directa. Esta desempeñó un papel crucial en el mantenimiento de la demanda agregada, previno recesiones y redujo incertidumbre para todos los inversores.
Cuando la inversión en el sector capitalista se ralentiza, como lo hace a medida que el crecimiento de las ganancias se ralentiza o disminuye, en China el sector estatal puede intervenir. La inversión del sector público creció rápidamente en concreto durante 2008-09 y 2015-2016, cuando el crecimiento de la inversión del sector no público se desaceleró. Como mostró David Kotz en un artículo reciente: «La mayoría de los estudios actuales ignoran el papel de las empresas estatales en la estabilización del crecimiento económico y la promoción del progreso técnico. Argumentamos que las empresas estatales están desempeñando un papel positivo para el crecimiento de varias maneras. Las empresas estatales estabilizan el crecimiento en las recesiones económicas realizando inversiones masivas. Las empresas estatales promueven importantes innovaciones técnicas invirtiendo en áreas de progreso técnico con más riesgo. Además, las empresas estatales adoptan un enfoque a largo plazo en relación a los trabajadores, que será favorable a la transición hacia un modelo económico más sostenible. Nuestro análisis empírico indica que las empresas estatales en China han promovido el crecimiento a largo plazo y han compensado el efecto adverso de las recesiones económicas».
La burbuja inmobiliaria alimentada por la deuda también ha aumentado drásticamente las desigualdades de ingresos y riqueza en China. Y es bien sabido que China tiene un nivel muy alto de desigualdad de ingresos. Su índice Gini de desigualdad de ingresos es alto para los estándares mundiales, aunque ha caído en los últimos años.
De hecho, el llamamiento de Xi a la «prosperidad común» es un reconocimiento de que el sector capitalista fomentado por los líderes chinos (y del que obtienen mucho beneficio personal), se ha salido tanto de control que amenaza la estabilidad del control del Partido Comunista. Lo que Xi y los líderes chinos han llamado la «expansión desordenada del capital».
Véase el comentario del multimillonario Jack Ma antes de ser «reeducado» por las autoridades: «El consumo chino no es impulsado por el gobierno, sino por el espíritu empresarial y el mercado”, …En los últimos 20 años, el gobierno fue muy fuerte. Ahora se están debilitando. Es nuestra oportunidad; es nuestra oportunidad para ver cómo la economía de mercado, el espíritu empresarial, pueden desarrollar un consumo real». – The Guardián, 25 de julio de 2019
El año pasado, el gobierno chino estableció una zona especial para implementar la «prosperidad común» en la provincia de Zhejiang, que también es la sede de varias corporaciones prominentes de Internet, entre ellas Alibaba. Y Xi anunció planes para difundir la «prosperidad común», anunciando una dura represión contra las élites ricas, incluido el creciente grupo de multimillonarios tecnológicos de China.
En su reunión de agosto de 2021, el Comité Central de Finanzas y Economía, presidido por Xi, confirmó que la «Prosperidad Común» era «un requisito esencial del socialismo» y debería ir de la mano de un crecimiento de alta calidad. El objetivo declarado de la Prosperidad Común es «regular los ingresos excesivamente altos» para garantizar la «prosperidad común para todos».
Hay dos razones por las que Xi y su mayoría en la dirección del PCCh han lanzado el proyecto de «prosperidad común». La primera es la experiencia de la pandemia de COVID. Al igual que en las principales economías capitalistas, la pandemia expuso enormes desigualdades entre la población en general en China, no solo en ingresos, sino también en el aumento de la riqueza de los multimillonarios, que han cosechado enormes beneficios durante el COVID, mientras que la mayoría de los chinos, especialmente los grupos de ingresos medios, han sufrido confinamientos, pérdida de ingresos y aumento del coste de la vida. La proporción de riqueza personal de los multimillonarios de China se duplicó del 7 % en 2019 al 15 % del PIB en 2021.
Si se permitiera que esto continuara, comenzaría a abrir fisuras en el PCCh y en el apoyo del partido entre la población. Xi quiere evitar otra protesta como la de la Plaza de Tiananmen en 1989, después del gran aumento de la desigualdad y la inflación producidas por las reformas del «mercado social» de Deng. El gobierno tuvo que actuar para frenar la expansión desenfrenada de la inversión improductiva y especulativa.
La represión de Xi contra los multimillonarios y su llamamiento a reducir la desigualdad es otro giro en la dirección política en zigzag de la élite burocrática china: desde las primeras décadas de Mao hasta las reformas de «mercado» de Deng en la década de 1980; de la privatización de algunas empresas estatales en la década de 1990 hasta el regreso a un control estatal más firme de los niveles superiores de decisión de la economía tras la crisis global de 2009; de la flexibilización del crédito especulativo posterior hasta la nueva campaña contra el sector capitalista para alcanzar la «prosperidad común».
Estos zigzags son ineficientes y una pérdida de recursos. Suceden porque la dirección de China no es responsable ante sus trabajadores: no hay órganos de democracia obrera. No hay planificación democrática. Solo los 100 millones de miembros del PCCh tienen algo que decir sobre el futuro económico de China, y realmente solo cuentan los que están en los sectores de decisión importantes. La respuesta a la minicrisis de China no son más reformas «liberalizantes» hacia el capitalismo. Lo que China necesita es revertir la expansión del sector privado e introducir planes más efectivos de inversión estatal, pero con la participación democrática del pueblo chino en el proceso. De lo contrario, los llamamientos de la dirección a la «prosperidad común» serán solo palabras.
En el tercer y último apartado, trataré de las presiones externas sobre China, en particular, el endurecimiento de la estrategia del imperialismo estadounidense y sus aliados para contener y aislar a China y reducir su percibida amenaza a la hegemonía estadounidense.
III- Microprocesadores, doble circulación e imperialismo
Mientras Xi Jinping prometía al congreso nacional del PCCh que China «ganará resueltamente la batalla» en áreas clave de tecnología, los empleados de las empresas de tecnología en China y en otros lugares tenían que dejar las herramientas y parar. Docenas de los cientos de ejecutivos e ingenieros con ciudadanía estadounidense o tarjetas verdes de residencia en EEUU que trabajan en o con el sector de semiconductores en China, muchos de ellos nacidos en China, han recibido instrucciones de sus empresas, ya sean extranjeras o chinas, para que dejen de trabajar mientras sus empleadores buscan una aclaración legal de la nueva regla estadounidense que impide a los ciudadanos y residentes estadounidenses apoyar a la avanzada industria de microprocesadores china sin un permiso específico.
Pero ya es evidente que Estados Unidos, gracias al consenso bipartidista en Washington, está decidido a frenar la puesta al día tecnológica de China. Esto tiene implicaciones masivas para las ambiciones de Beijing en áreas como la inteligencia artificial y la conducción autónoma de vehículos. La nueva Ley de Chips introducida por la administración Biden va acompañada de un informe de 139 páginas publicado por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.
El informe analiza no solo la participación de las empresas estadounidenses en la venta de productos tecnológicos a China, sino también que estadounidenses (es decir, a cualquier persona con un pasaporte o tarjeta verde estadounidense) están implicados. Esto pone en una posición muy difícil a los muchos fundadores de las empresas tecnológicas chinas que fueron educados en los EEUU y adquirieron un pasaporte estadounidense de paso. También hará que sea mucho más difícil para las empresas tecnológicas chinas atraer talento. Del mismo modo, los laboratorios de I+D establecidos por algunas empresas chinas en los EEUU ahora parecen vulnerables. Alibaba tiene laboratorios de investigación en Seattle y Silicón Valley, mientras que Tencent también tiene un laboratorio de investigación en Seattle. Y EEUU pondrá la presión necesaria para evitar que la empresa holandesa ASML y las empresas japonesas suministren a China.
Todo lo anterior deja claro hasta qué punto China es ahora tratada como «un enemigo» de los Estados Unidos. Esto va mucho más allá de lo que solía llamarse «contención». También plantea la cuestión de cuánto tiempo Beijing pondrá la otra mejilla, porque hasta ahora no ha hecho nada para dificultar la vida de las empresas estadounidenses que operan en China, salvo sus restricciones por el Covid, dado que quiere seguir fomentando la inversión extranjera directa.
El movimiento de los EEUU en relación con los chips tiene grandes implicaciones para TSMC y otras empresas taiwanesas dada la cantidad de semiconductores que Taiwán exporta al continente. Las exportaciones de chips (circuitos integrados) de Taiwán a China ascendieron a 155.000 millones de dólares en 2021 y 105.000 millones de dólares en los primeros ocho meses de 2022, y representaron el 36 % y el 38 %, respectivamente, del total de las importaciones chinas de chips. De hecho, el aspecto más interesante del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán a principios de agosto fue su reunión con el fundador de TSMC Morris Chang y el presidente Mark Liu, especialmente en el contexto de la legislación sobre semiconductores aprobada por el Congreso a finales de julio, que proporcionará 52.700 millones de dólares en subsidios para alentar a los fabricantes de chips a construir fábricas en Estados Unidos
