Negro panorama educativo en la Mactumactzá
Será que nadie les ha dicho a los jóvenes normalistas que su accionar violento y destructor en lugar de beneficiarlos para obtener puntos a su favor en su lucha contra las instituciones de gobierno le traen posiciones negativas frente a la sociedad. Ya nadie les cree que sus reacciones vandálicas formen parte de una acción premeditada y ventajosa del gobierno.
Quién los asesore está descontextualizado al orillarlos a cometer barbaridades sin sentido, que al final el único que sale beneficiado es la propia institución a la que dicen le causan daño.
El martes en la madrugada, un grupo de jóvenes de la Normal Rural Mactumactzá, como viles delincuentes, arribaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación. Destruyeron lo que estaba a su paso, dejaron pintas y se retiraron, felices, creyendo que le asestaron un golpe a la autoridad educativa por no cumplirle sus demandas.
Reiteramos, quien sea el ilustre cerebro de estas acciones, debería entrar por lo menos a un curso en línea sobre cómo crear desestabilización sin que le echen la culpa de ser los directamente responsables.
Destruir cosas materiales no tiene mucha importancia, pues se reponen y al doble o triple precio. Eso le tiene sin cuidado a los del dinero en la Secretaría de Educación. Al contrario, hasta piden que los desmanes sean constantes pues con ello tienen más margen de hacer maniobras para inflar números.
Si destruyen documentos le hacen un favor a la autoridad pues con que se instruya la revalidación asunto arreglado. Por eso decimos, ¿para qué destruyen? A menos que en este proceder haya un pacto para beneficiar a ambas partes. Claro, es posible, aunque muy desproporcionado el asunto.
Lo peor es que la sociedad ya sabe cómo actúan los normalistas, por ello prefieren estar al margen de sus protestas. Por lo pronto, a las acciones vandálicas vino de inmediato la respuesta oficial de la Secretaría de Educación para detallar los montones de dinero que le ha dado a los normalistas durante todo lo que va de este año.
Durante 2022 a la Normal Rural “Mactumactzá” se le ha dado 4 millones 498 mil 503 pesos, de los cuales dos millones 385 pesos corresponden a recursos federales y dos millones 498 mil 118 pesos a recursos estatales. Además, como coitan, cada alumno recibe beca “Benito Juárez” por un monto de cuatro mil 900 pesos bimestrales, y un apoyo adicional para prácticas profesionales de 500 pesos mensuales.
De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Chiapas existen 19 escuelas normales, de las cuales 15 son estatales y cuarto federales, y todas son atendidas por igual y sin ningún trato preferente
Si son ciertos estos números que cita la Secretaría, la pregunta obligada es ¿qué busca o intenta hacer con su violencia la Mactumactzá? A dónde pretende llegar o quien quieren engañar. Ya basta de tanta mentira, lo que el gobierno debe hacer es poner un estate quieto definitivo. Claro, esto no implica dejarle de brindarle los apoyos comprometidos.
Hoy más que nunca, tiene sentido lo que en su momento ha sentenciado la sociedad chiapaneca en su conjunto: reubicar la escuela en algún lugar recóndito de Chiapas donde los jóvenes se aboquen a estudiar, a prepararse para estar frente a las aulas no ante un campo de batalla.
Los constantes ataques a las vías de comunicación, a terceras personas, secuestrando unidades y a los conductores debe terminar de tajo. No nos imaginamos que en lugar de prepararse académicamente se especialicen en enseñar a la niñez cómo prenderles fuego a los camiones, las tácticas para bloquear carreteras, incendiar edificios o exigir calificaciones que en su vida han intentado a base de estudios.
Sobre esto último, en los gobiernos de Juan Sabines Guerrero y Manuel Coello Velasco, presionaban a los titulares del sector educativo para que les pusieran como mínimo 10 de calificación para que demostrarán ante la sociedad que eran unos intachables y merecedores egresados de la Normal Rural Mactumactzá.
Hoy parece que esas mismas prácticas quieren imponer al exigir derechos laborales y educativos que están muy lejos de merecer. Ojalá que la autoridad se atreva a informar qué tanto daño se le ha hecho a la educación con estas prácticas nocivas y no permitir más actos de barbarie.
