Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Qué necesidad había de que un centenar de vecinos de la colonia Plan de Ayala, así como obreros que trabajan en la obra del Doble Paso a Desnivel del Libramiento Norte de Tuxtla Gutiérrez, encararan a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá con el propósito de exigirles que dejen de entorpecer el desarrollo de esta obra?

La verdad, ninguno. El caso es que no sólo ellos, sino toda la población tuxtleca está harta de los abusos y tropelías de estos normalistas.

Todos estamos cansados –me incluyo- de que bloqueen a cada rato esta obra, pero también de que vandalicen edificios públicos, de que alteren el orden público, de que atenten contra la propiedad privada, que violen el derecho constitucional al libre tránsito cada vez que les viene en gana, que tomen casetas de peaje y que delincan con total impunidad saqueando comercios, quemando patrullas, secuestrando autobuses del transporte público y hasta a los choferes de los mismos.

No había necesidad de que los colonos se organizaran para que el pasado miércoles se encontraran en el crucero del bulevar Vicente Fox y Libramiento Norte y les manifestaran a los normalistas que: “sabemos que ustedes están exigiendo mejores condiciones, pero no entendemos el porqué de las acciones que han tomado, concretamente parar la obra. No es posible que nosotros quedemos en medio de toda esta situación, pero lo peor es que con el atraso de la obra nosotros somos los más afectados. Si ustedes paran la obra, los primeros afectados somos los vecinos, los habitantes de esta zona”.

Repito: no había ninguna necesidad, pero qué bueno que lo hicieron. Porque con ello demostraron su enojo y desdén por los actos egoístas de estos supuestos futuros maestros que pasan a traer los derechos de los demás para obtener beneficios personales.

“A nosotros nos deben respetar, así como nosotros respetamos su derecho a la educación. Nosotros no entendemos por qué secuestran camiones, roban y vandalizan. Eso no es una acción de un estudiante, es un acto de delincuentes. Únicamente nos están afectando, ya estamos hartos, cansados de que atropellen nuestros derechos como ciudadanos”, les reprocharon.

Para mayor virtud de esta manifestación, los ciudadanos desafiaron a los normalistas a presentarse este jueves a las cinco de la tarde a una mesa de diálogo con las autoridades del Gobierno del Estado para resolver, de una vez y para siempre, sus demandas:

“Nosotros seremos testigos ante los medios de comunicación, de quién es el que miente, porque ya estamos hartos de esta situación”. Y les advirtieron de que si no llegan a un arreglo armonioso, en un marco de legalidad y justicia, serán ellos mismos los que los desalojen el día de hoy.

Por cuestión de tiempos para la entrega de esta columna, este autor la redactó antes de que señalada reunión se llevara a cabo. Por lo que no me fue posible enterarme de qué se habló y propuso en la mesa de diálogo, vaya ni siquiera sé si los normalistas estuvieron presentes.

Sin embargo, se tienen muchas certezas sobre este caso. En primer lugar, los normalistas mienten.

ESTAS SON…

En segundo lugar, estos estudiantes no están exigiendo mejores condiciones para su educación, sino con estos actos vandálicos buscar hacerle presión al gobierno para obtener privilegios al margen de la ley e incluso sobre los demás aspirantes a ocupar un espacio en el magisterio, esto es, plazas en automático para todos los egresados de la Mactumactzá.

La normatividad es clara en que todos los alumnos que buscan una plaza tienen que presentar evaluaciones para demostrar que son aptos para estar frente al aula de clases, ellos, los de la Mactumactzá, quieren que el gobierno les dé preferencia sin cumplir este requisito que pretende tener a los mejores profesores. Esto nos lleva al siguiente punto.

Tercero: le temen a ser evaluados porque no están debidamente preparados para educar a las niñas y niños de Chiapas.

Esto puede verse en que de las 443 plazas definitivas de Educación Básica que se concursaron durante el ciclo escolar 2022-2023, sólo 20 de ellos lograron aprobar las evaluaciones.

Es más, el nivel educativo de esa escuela es para llorar. Cuando son profesionales en actos de guerrilla urbana, ni siquiera tienen buena ortografía. En las protestas recientes escribieron en una manta extención” en lugar de “extensión, que es la forma correcta. Si no pueden redactar correctamente una palabra de uso común, ¿cómo quieren ser maestros y maestras en automático? Absurdo.

Otra certeza es que, a diferencia de otros alumnos de nivel profesional, ellos tienen muchos beneficios. Mientras un alumno que viene de fuera a estudiar la carrera a Tuxtla Gutiérrez tiene que sacar de sus propios bolsillos para su manutención y gastos propios de su instrucción, cada estudiante de la Mactu recibe alrededor de 8 mil pesos mensuales para hospedaje y alimentación, dinero que es aportado en conjunto por la Federación y el estado.

No es todo. Desde el 2018, el Comité Estudiantil recibe 800 mil pesos para los festejos del aniversario de la institución, que sirven para tres días de fiesta y borracheras, quizá hasta drogas. En 2017 obtenían 600 mil.

Además, durante el primer semestre del año 2019 la presente administración les entregó 13 millones de pesos, que pudo fácilmente haber llegado a los 40 millones. Así mismo, también les entregó apoyos para la construcción de dormitorios, canchas deportivas, uniformes, compra de tractor, insumos para sus actividades escolares como semillas, semovientes y herramientas de agricultura, entre otros.

Por si fuera poco, también les llega un subsidio anual por 18 millones de pesos por un programa llamado Pefen, que consiste en incentivos para mejorar la calidad educativa de la escuela. Sin embargo, por dicho recurso nunca se les ha pedido cuentas ni se les ha auditado.

Como podemos ver a estos muchachos se les ha pagado y mucho, y con dinero de nuestros impuestos, para estudiar. No obstante, no han hecho más que delinquir y hacer de la protesta y el grito callejero un negocio.

Prueba de ello son los constantes bloqueos que han realizado en la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal, donde captan entre 200 y 400 mil pesos cada vez que toman la vialidad. Constancia de esto es el reporte que dio la Concesionaria de Autopistas del Sureste, que dijo que entre enero y marzo de este año sus pérdidas por esta causa eran superiores a los 7.25 millones de pesos.

LA EXIGENCIA

Por lo anterior, no podemos si no sólo decir que la protesta de los vecinos de la colonia Plan de Ayala es tanto legítima como efectiva, ya que contiene el reclamo de toda la sociedad tuxtleca.

Y lo mismo podemos decir de su solicitud de cerrar o al menos reubicar a la Mactumactzá. Porque si como su nombre lo indica, Escuela Normal Rural, ¿qué hace dentro de la ciudad?

Ojalá que las autoridades federales y estatales atiendan esta súplica de los ciudadanos. No es posible que por los reprobables e ilegítimos intereses de un puñado de vándalos disfrazados de estudiantes, todos paguemos los platos rotos. Ya basta.

@_MarioCaballero

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