Ainer González/ Diario de Chiapas
En Chiapas diariamente seis personas van a prisión, sin embargo, hay quienes son privadas de su libertad de forma arbitraria.
Lo anterior, fue el caso de José Luis Sánchez, activista en la entidad, quien refiere que fue encarcelado —injustamente— durante cinco meses en el penal número 14 “El Amate”, por un delito que le fue prefabricado, en otras palabras, por un hecho ficticio que vendieron las autoridades.
A partir de este hecho, menciona que tras obtener su libertad y ser absuelto de todo delito se queda con la experiencia de lo que es “sobrevivir” a un sistema penitenciario lleno de vicios, mañas y acciones ilegales, que refrendan la falta de compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de acabar con la corrupción dentro de estos espacios.
“Es necesario que el gobierno federal y estatal voltee a ver los ojos hacia allá, que se den cuenta cómo están violentando derechos humanos de hombres y mujeres”, menciona.
Cabe recordar que en Chiapas existen 17 centros penitenciarios, 14 son estatales, uno es federal (ubicado en Villa Comaltitlán), mientras que dos son especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes.
No obstante, el activista social —como se auto adscribe— expone que de primera mano experimentó las pésimas condiciones en dichos centros, además de los malos tratos, extorsiones y abusos a sus derechos humanos, esto además de carecer de lo esencial, lo que son los servicios médicos y alimentación.
“En el penal del Amate, casi tres mil reos entre varonil y femenil y un doctor, un médico nada más. Veo en las mañaneras… dicen que las condiciones de salud, que se preocupen por los que están dentro de penales”, lamenta.
CAMAS EN PRISIÓN
En los 17 centros penitenciarios, de acuerdo con datos de 2021, existen 5 mil 063 camas útiles y una tasa de ocupación del 92.9 por ciento.
De 2018 a la fecha, José Luis Sánchez destaca que las condiciones en estos centros no han cambiado, ya que, para solicitar servicios médicos, los procesos burocráticos son igual de tardados que en las mismas instancias de salud.
“Yo vi morir dos personas en el área de enfermería y preguntaba por qué no lo sacan… tiene que pasar por el director, director mandar oficio al director de penales, ir y venir”.
Respecto a los procesos de control para el ingreso de personas externas, recuerda que éstos únicamente se aplican a familiares, pues la distribución de sustancias nocivas o no permitidas dentro de las cárceles, permanece.
“Trato denigrante, una de mis hijas lo vivió, fue un manoseo… que por si no llevaba droga, qué raro que hagan eso porque aquí lo hay”.
Y esta situación, también considera que se presenta en centros femeniles, en el que se mantiene un sistema penitenciario patriarcal, en el que “se sufren focos de infección adentro por la precariedad que ellas tienen de poder adquirir artículos básicos de higiene como toallas sanitarias”.
En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, de acuerdo con los resultados, tres centros penitenciarios de Chiapas resultaron reprobados.
Los penales reprobados en Chiapas fueron el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 4 Femenil de Tapachula con 5.75; el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas obtuvo un 5.80; y el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla con 5.95.
Las deficiencias que presentan los centros penitenciarios en Chiapas desde antes del 2018 son: carencias en servicios de salud, falta de prevención de violaciones a derechos humanos, pésimas condiciones e higiene de instalaciones, insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro, y la deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA.










