Descargas directas al Río Grijalva

  • Por lo menos 19 municipios que conforman la Cuenca del Cañón del Sumidero no tienen plantas de tratamiento de aguas negras; evidente la contaminación de las aguas del coloso 

Marco Alvarado/Diario de Chiapas

No obstante el interés por castigar los delitos ambientales, y proponer una estrategia conjunta de conservación del Cañón del Sumidero por parte de los municipios que integran la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS), ninguno de esos municipios cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Hasta el 2020 se tenía el registro de 209 plantas de tratamiento en 81 municipios, pero solo cuatro funcionando: en Tuxtla Gutiérrez.

En cambio, de los municipios que conforman la Cuenca del Cañón del Sumidero ninguno tiene una en funciones, y aunque están de acuerdo en aumentar las sanciones, en lo que respecta al cuidado del agua, incumplen con la limpieza de las aguas que retornan al Río Grijalva porque sus descargas de aguas negras son directas a los ríos.

Ocozocoautla, Copainalá, Tecpatán, Ixtapa, Acala, Chiapilla, Chicoasén, Nicolás Ruiz, Berriozábal, San Fernando, Emiliano Zapata, San Lucas, Chiapa de Corzo, Villaflores, Villacorzo, Jiquipilas, Raudales Malpaso, Suchiapa y Totolapa; en ninguno funciona una planta de tratamiento que limpie el agua que desemboca en el Cañón del Sumidero.

En estos municipios las descargas de aguas negras van directo al río que desemboca en la cuenca del Grijalva, como lo demuestra el “tapón” de basura que se forma cada año en el Sumidero.

Es por esta razón que todos los afluentes del estado presentan algún grado de contaminación, aunque uno de los más preocupantes y evidentes es el Grijalva, por la cantidad de afluentes que llegan hasta él.

Y eso sin contar que, en la mayoría de los municipios antes mencionados, y cuyos presidentes municipales parecen estar preocupados por el cuidado ambiental, tienen un depósito final de residuos sólidos; su basura termina en tiraderos a cielo abierto, o permanentemente quemada, como en el caso de Copainalá, y eso que desde 2019 esas administraciones han firmado acuerdos de tipo ambiental, que han sido incapaces de cumplir en sus propias demarcaciones.

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