Marco Alvarado/Diario de Chiapas
Los centros penitenciarios federales y estatales del país tienen “una fórmula peligrosa” compuesta por la sobrepoblación, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, una debida capacitación, deficiencias en sus condiciones laborales y equipamiento, la falta de supervisión de titulares de los centros, deficiencias en la clasificación de las personas y el autogobierno o cogobierno.
El Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales emitido en 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refirió que durante el año 2021 ocurrieron dos mil 840 incidentes en los centros penitenciarios federales y estatales, lo que representó un aumento de 22.6 por ciento respecto a la cifra reportada en 2020.
En dichos incidentes estuvieron involucradas ocho mil 830 personas. Además, 110 personas fallecieron y 691 resultaron heridas. Del total de incidentes, dos mil 119 casos ocurrieron en el ámbito estatal.
Sobre este aspecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó, en carácter de urgente, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno adoptar medidas que restablezcan una efectiva reinserción social, alejadas de contextos de violencia, riesgos latentes o en medio de escenarios donde se alienten las conductas ilícitas y de aquellas que vulneren sus derechos humanos, en un modelo de prisión que coloque en el centro de sus actuaciones a las personas privadas de la libertad.
En este sentido, también se propone que contemplen en el Plan Estratégico un análisis georreferencial del lugar en que se localiza cada centro penitenciario, que incluya las condiciones sociales, educativas, económicas, multiculturales, por índices de violencia, tipo de población penitenciaria de acuerdo con la región y su posible vínculo con grupos criminales o delincuencia organizada.










