Interrupción del embarazo en la congeladora

Se quejan Colectivas feministas organizadas en la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la organización Abortistas Mx dilación en abordar el tema por parte del Congreso del Estado

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Colectivas feministas organizadas en la Red por la Justicia Reproductiva en Chiapas y la organización Abortistas Mx promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso local, por mantener la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo de forma voluntaria, pese a que aprobaron la reforma del artículo 181 del Código Penal local en la que se eliminó el plazo máximo de 90 días para solicitar la interrupción voluntaria del embarazo para víctimas de violación.

Durante una conferencia de prensa, las integrantes de esta red explicaron que esta reforma penal sobre aborto y el marco legal en el que se inserta, permanecen como un obstáculo para el ejercicio del derecho a decidir de las mujeres y de otras personas gestantes al ignorar la iniciativa de despenalización del aborto que han acompañado y que fue presentada el 15 de noviembre de 2022 por la diputada Floralma Gómez Sántiz, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez.

En dicha iniciativa se busca reformar los artículos 70, 178 y 180 y derogar los artículos 179, 181, 182 y 183 del Código Penal local, reformas apegadas a la sentencia 148/2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021 que declaró Inconstitucional la criminalización del aborto en todo el país.   

“Abortar es un derecho humano y no puede continuar tipificado en el Código Penal del estado de Chiapas”, comentaron.

Una vez agotadas las instancias locales, esta red y Abortistas Mx solicitaron la promoción de una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma aprobada por el Congreso del estado y publicada por el representante del poder ejecutivo, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos después de realizar un estudio de fondo consideró que la norma en cuestión transgrede los derechos humanos a decidir de las mujeres y otras personas gestantes, a la autonomía, a la salud, a la libertad reproductiva, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana, a la igualdad y prohibición de discriminación, a la igualdad de género y a la privacidad, así como la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos, por lo que el 2 de junio la CNDH presentó escrito de demanda de Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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