¿Reubicar o no a la Mactumactzá?
No es la primera vez que los pobladores de la colonia Plan de Ayala se manifiestan para declararse hartos de los desmanes que provocan los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.
Son ya varias ocasiones en las que han exigido al gobierno del estado realizar un estudio sobre la viabilidad de que dicha institución sea reubicada a otra parte de la entidad, donde realmente aprovechen las condiciones enfocadas al estudio como verdaderos maestros que se adentren en las comunidades de Chiapas, donde el rezago continúa siendo ancestral.
Sin embargo, el problema de fondo no es este sino el comportamiento hostil que practican un día sí y otro también. Aducen los pobladores que los bloqueos, manifestaciones y actos hostiles los tienen ya cansados y la zona donde se ubica la institución se ha convertido en un paso inseguro para quienes transitan, principalmente para las mujeres.
Sobre los acuerdos para apoyar a la institución, si ese fuese el problema, la Secretaría de Educación ha informado puntualmente que invierte la nada despreciable suma mensual de 14 mil 886 pesos mensuales para su formación educativa, alimentación y herramientas complementarias. Un tema por demás importante porque ni en el nivel superior, las escuelas públicas contemplan programas tan completos de apoyos para los universitarios.
O no es una ganga esto que reciben los jóvenes de parte de la autoridad estatal, a la que tanto critican y agreden: “En los ejercicios públicos 2021 y 2022, de los Gobiernos del Estado y Federal, se invirtieron las cantidades de 117 millones 796 mil 220 pesos y 97 millones 711 mil 494 pesos, respectivamente, por alimentos, becas, uniformes, internet, prácticas, cursos, festejos de aniversario, material didáctico, transporte, gasolina, entre otros conceptos.
Es de todos conocido que los movimientos de los jóvenes se realizan bajo la instrucción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes utilizan a los chavos para sus fines políticos.
Es lamentable que en Chiapas continúen presentándose estas prácticas de intimidación por el simple hecho -que no es menor-, de continuar ostentando el poder. Desde su casa o algún lugar paradisiaco de México o fuera de éste, sigue operando los hilos de la Sección 7 del SNTE, el “maestro” Pedro Gómez Bámaca. O se creerán el cuento de que está en estos momentos frente al aula, impartiendo sus conocimientos. En una de esas sí está, pero ofreciendo cursos bélicos de como tomar oficinas, bloquear carreteras y ser el rey de la intimidación.
Por eso es lamentable que los estudiantes sigan siendo manipulados, por un lado, y por otro, que se conviertan en el arma humana desestabilizadora para preservar cotos de poder. Se entiende que la mayoría son conejillas de indias que no saben ni para qué acuden a protestar, tomar calles, secuestrar camiones o tomar casetas de cobro, por decir lo menos.
Por eso, por un lado, la ciudadanía le da la razón a los habitantes de Plan de Ayala, quienes viven con miedo, están con el “Jesús en la boca”, solo porque a los muchachos se les ocurre de “buenas a primeras” divertirse quemando unidades, lanzar petardos, y realizar vandalismo sin que autoridad alguna algo por detenerlos.
La dirigencia y los propios estudiantes se quejan de impunidad y son los primeros que realizan violaciones a la ley, al marco jurídico.
Por ejemplo, sin ir más lejos, el vandalismo que registró el edificio del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC) no es otra cosa que la respuesta a lo que ya sabían iba registrarse la mañana del miércoles: que la gente pidiera su reubicación. Mera coincidencia o no, pero resulta que dicha institución es la encargada de hacer la consulta ciudadana para que el gobierno del estado tenga las bases si es reubicada de Tuxtla a otro municipio.
Ninguna autoridad del IEPC señala que hayan sido ellos, pero la evidencias y la forma de operar está más que confirmado.
Lo cierto es que se avecina un panorama nada halagador porque la CNTE no puede darse el lujo de permitir que le saquen de la jugada a su brazo ejecutor. No es lo mismo que la Escuela Rural siga operando en la orillada de Tuxtla que se vaya a Marqués de Comillas, a una comunidad alejada de Ocosingo o allá por los rumbos de Tila o Sabanilla.
Lo que sea, pero creemos que antes que cualquier decisión o resultado del plebiscito que realice el IEPC, tiene que prevalecer el diálogo. La postura del gobierno debe ser clara y precisa, pues de lo contrario, seguirá pasando lo mismo, con el riesgo que el día menos pensado, las barbaridades que realicen los jóvenes se salgan de control y todos lo lamenten.
