Ainer González /Diario de Chiapas
El mayor desafío de las instituciones consiste en garantizar y brindar atención a los grupos más vulnerables, como niños, niñas, mujeres y hombres en contextos de violencia y alta marginalidad. Emma Itzel Orantes Ortega, directora del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana (CEPSVyPC), enfatizó que la prioridad de todas las dependencias estatales es lograr un Chiapas más igualitario y progresista.
En una entrevista para el Diario de Chiapas, la directora del centro resaltó que, después de casi cinco años de análisis, observación y trabajo en beneficio de las personas más desfavorecidas en la región, han encontrado una fórmula adecuada para abordar los desafíos de manera diferente. Han redoblado y triplicado los esfuerzos como institución para llegar a personas y lugares que previamente fueron ignorados.
Orantes Ortega subrayó que su misión y desafío como responsable de prevenir la violencia y fomentar la participación ciudadana es seguir implementando acciones con un enfoque humano. Destacó la importancia de aprovechar el tiempo y continuar beneficiando a la ciudadanía mediante talleres y capacitaciones. El objetivo es lograr un Chiapas igualitario y libre de violencia, lo cual requiere un esfuerzo triple por parte de todos, desde diferentes ámbitos. Específicamente para el Centro, el desafío es duplicar las capacitaciones impartidas durante los primeros seis meses de este año, llegar a municipios distantes y abarcar áreas que aún no han recibido ningún tipo de capacitación.
En este sentido, Orantes Ortega enfatizó que, a pesar de contar con recursos económicos y humanos limitados como una institución joven, han logrado obtener los mejores resultados. Desde 2018 hasta mediados de 2023, han llegado a casi todos los rincones de los 124 municipios, y los números y acciones son tangibles.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
“Es necesario llegar a un mayor número de beneficiarios. El desafío es triplicar los esfuerzos. Desde que asumimos la administración, hemos logrado un avance del 550 por ciento en comparación con el trabajo realizado anteriormente por el Centro. Este logro ha sido posible gracias al trabajo en equipo con todos nuestros compañeros del Centro Estatal”, señaló.
Entre las actividades impulsadas por el organismo público, mencionó el programa “Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ)” y el programa “Escuela con valores”. Este último contribuye al fortalecimiento de la educación con una perspectiva de prevención de la violencia. Hasta la fecha, este plan ha beneficiado directamente a 4 mil 015 niñas y niños en el estado, otorgándoles tabletas electrónicas, así como a 43 mil niños, niñas, mujeres y hombres mediante la realización de talleres y conferencias.
En cuanto al programa Mujeres Constructoras de Paz, destacó que desde 2020 se han ejecutado y conformado más de 35 redes en el estado de Chiapas. El principal indicador de impacto ha sido recuperar la experiencia y los conocimientos de las mujeres para generar habilidades que contribuyan a la construcción de la paz.
Dentro de este programa, Orantes Ortega mencionó que también se ha brindado apoyo a más de 2 mil 300 mujeres a través de capacitaciones y talleres de emprendimiento socio-productivo en actividades como maquillaje, pintura, acabados y costura.
“En el estado de Chiapas, trabajamos en el diseño transversal de políticas de prevención que son permanentes y estratégicas. Nuestro enfoque se centra en promover una cultura de paz, legalidad, respeto a los derechos humanos y una vida libre de violencia. Además, realizamos seguimiento y evaluación de los programas implementados por las instituciones de seguridad pública”, señaló la directora general.
Entre las acciones llevadas a cabo por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, destacó la realización de estudios sobre las causas estructurales del delito, la distribución geodelictiva, estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de comportamiento para actualizar y mejorar las políticas criminales y de seguridad pública.
Además, se mencionó la realización de encuestas sobre victimización del delito, pobreza extrema y otros aspectos que buscan contribuir a la prevención del delito. “Promovemos la inclusión de contenidos relacionados con la prevención del delito en programas educativos, de salud, de desarrollo social y, en general, en diversos programas gubernamentales. También colaboramos estrechamente con el estado y los municipios en esta área”.
