Descarada impunidad por fraudes inmobiliaria
Las autoridades que ven los casos penales y civiles pecan de omisos para dar la cara y enfrentar las denuncias que particulares han realizado contra empresarios que se han coludido con funcionarios de medio pelo, pero que han dejado en la ruina a familias que trabajaron toda una vida para que hoy su patrimonio esté prácticamente perdido.
Esta casa editorial no mantiene una campaña contra hampones inmobiliarios, sólo se ha solidarizado con los cientos de personas que de la noche a la mañana se ha enterado que sus viviendas han sido embargadas, a pesar de llevar en “regla el pago de sus mensualidades por la compra de una vivienda”.
Erick Romero Peimbert y Gustavo A. Flores Alfaro, son los principales sujetos que se han aprovechado de gente honesta que confió en ellos. Las páginas y las diversas redes sociales con las que cuenta el Diario Media Group han dado detalles pormenorizados de los grandes y millonarios fraudes que estas dos personas han realizado.
Esa es su forma de actuar. Su cinismo y descaro no tiene signo de comparación. Sus patrañas se asemejan a un disparo directo a la anatomía de un ser humano indefenso, que tuvo la mala fortuna de cruzarse en su camino.
El actuar de estos dos personajes es con alevosía y ventaja, y todas las agravantes que pudieran describirse para concretar que hay dolo, mentira, mala fe, embuste y fraude. Lo que en cualquier lugar del mundo se resume a que no tienen vergüenza para timar a la población.
Por eso hoy es más que urgente que las autoridades de justicia por lo menos salgan a la luz pública para que se pronuncien, den detalles de las investigaciones a las cientos de denuncias penales que se han formulado contra estos sujetos.
La más reciente denuncia en su contra la formularon habitantes del fraccionamiento Ámbar, quienes advirtieron que su patrimonio está en riesgo, justo como les pasó a los habitantes de Santa Fe y del Edificio Antigua, debido a que Romero Peimbert y Gustavo A. Flores no están pagando los créditos puentes. Lo que significa que se apropiaron de los pagos que realizaban a la Unión de Crédito para liberar sus propiedades.
Lo grotesco en muchos de los casos es que los colonos tienen escrituras públicas “patito”, y en cualquier momento sus viviendas pueden ser embargadas. En el caso del fraccionamiento Ámbar, los hampones inmobiliarios “nunca proporcionaron los números de folio reales de las casas”.
Ello significa que a los colones les era imposible que se dieran cuenta de que aún están atados a la Unión de Crédito de los Gutiérrez Chapa. La mayoría tiene posesión, ya ha terminado de pagar, pero no cuentan con escrituras porque Romero Peimbert no paga a la Unión de Crédito”.
Los defraudados ponen en alerta a otros ciudadanos, les piden verificar ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio el historial de dominio, lo que no saben es que en dicha dependencia se encuentran algunos cómplices que han permitido que los integrantes de este cártel inmobiliario tengan metidas las narices.
La Secretaría General de Gobierno a cargo de Cecilia Flores Pérez, tiene la obligación de explicar cuál es la responsabilidad de los funcionarios del Registro Público que están involucrados y por lógica, separarlos del cargo hasta en tanto se terminen las investigaciones que se supone está desarrollando la Fiscalía General del Estado.
Su actuar es lento, pues desde hace un par de meses, esta casa editorial ha dado cuenta pormenorizada de los fraudes cometidos contra cientos de personas que han visto cómo sus bienes inmuebles pasaron a nombre de otras personas.
No se explica, por ejemplo, que existan declaraciones públicas, acompañadas de números de expedientes penales de investigación, y las autoridades mantengan un silencio ensordecedor. Ahí está el ejemplo de la querella presentada por señora Alma Primavera Zataraín, exesposa de Gustavo Alfonso Flores Alfaro, señalado como el líder de esta agrupación, quien ha estado defraudando a varios sectores en Chiapas.
Lo grave es que los fraudes no son de ahora, algunos tienen más de una década que se han perpetrado y la autoridad no ha movido un solo dedo. Esto sólo confirma que existe complicidad y si a estas alturas de la vida estos actos de corrupción no han sido investigados y castigados, seguramente la impunidad continuará y a qué precio.
