Confunden el servicio con servirse
Muchos servidores públicos han confundido el servicio comunitario con servirse. En la historia reciente, en los tres órdenes de gobierno, se han difundido atropellos de funcionarios que se aprovechan de la confianza que les otorgan los gobernantes para hacer de las suyas y estafar al erario público o realizar sucias maniobras con tal de sacar provecho económico o traficar influencias.
En Chiapas, los alcaldes, no todos, claro, abusan de su poder para embolsarse mucho dinero con negocios turbios. Simojovel, Tuzantán, Pijijiapan, Yajalón, Tonalá, Copainalá, Suchiapa, Tuxtla Chico, sólo por citar algunos, han sido exhibidos haciendo transas con las cuentas públicas o desviando recursos de las partidas asignadas.
A nivel estado, y siguiendo el curso de los ediles tramposos, en la Auditoría Superior del Estado, su titular Uriel Estrada Martínez, se ha caracterizado por “tapar” las irregularidades de estos munícipes a quienes les perdona millones de pesos no comprobados, y como gratificación a su complicidad, los presidentes municipales lo convierten en un miembro más de la familia como compadres.
Sin embargo, no sólo en estos apartados de la función pública se cometen irregularidades en perjuicio de la familia, también en las famosas notarías públicas se han descubierto casos amañados.
A los responsables de estos entes no les ha alcanzado con ser beneficiados con las concesiones que les han regalado los gobernantes, sino que se sienten empoderados, con la “legitima” autoridad para generar negocios a costa de la población.
Un caso reciente que documentó el Diario de Chiapas es el del notario público 178, con sede en El Parral, municipio de Villacorzo, Luis Alberto Albores Figueroa, a quien denunciaron de estar involucrado en un nuevo fraude, en la venta de una plaza comercial, esta vez en complicidad con los hermanos Pablo y Felipe Salinas Pedrero, y Alejandro Álvarez Puga.
El centro comercial está embargado, pero aun así defraudaron a Ana Laura Oropeza Nájera, según consta en el expediente penal 0021-101-0204-2022 y a la causa penal 90/2022. Un hecho inédito por ventajoso, que por sí mismo, debería ser sujeto a la revocación de la notaría.
Un tema que debe estar siendo ya investigado por el gobierno de Chiapas, como lo hizo al inicio de su gestión, donde revocó concesiones en una veintena de notarías que habían sido entregadas por gobiernos anteriores, a amigos y familiares del mandatario en turno.
No se vale que, a estas alturas de la administración, aviesos “juristas”, como Albores Figueroa, se quieran pasar de listos cometiendo fraude inmobiliario, sobre todo cuando es señalado por la víctima como la persona que lo está engañando.
Desgraciadamente el historial que soporta el quehacer del notario no le es del todo benéfico, ya que fue señalado como pieza clave en investigaciones relacionadas con personajes como Rosario Robles, en la famosa la Estafa Maestra, y el ex gobernador veracruzano Javier Duarte.
Al federado se le atribuye haber creado empresas fantasmas para recibir millones de pesos por supuestos pagos simulados ante servicios recibidos, también simulados.
No es un caso menor que a la Notaría 178 se le haya involucrado en la falsificación de actas de asamblea general y la expedición de copias certificadas que finalmente “un grupo de defraudadores en la Ciudad de México ha utilizado para solicitar cambios de firmas electrónicas, nuevos tokens, nuevas chequeras y abrir cuentas bancarias de la empresa víctima”, a fin de que luego soliciten créditos y dinero que evidentemente no llegan a manos de los verdaderos empresarios defraudados.
Este, sin duda, es un caso especial que debe aclarar la Fiscalía General del Estado, pues con el fraude denunciado por la venta del centro comercial, se imaginan cuántos más estén ahora dudando que sus escrituras estén en regla.
