Ainer González / Diario de Chiapas
Hasta que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE) no integren una carpeta de investigación sólida, ni preparen un juicio donde se resuelva la admisión de pruebas y presenten una audiencia de debate, el “Cartel Inmobiliario” que operan Eric Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Viviana Leticia Zuart Flores podría quedar impune.
Luego de que empresarios y ciudadanos en Chiapas denunciaran una serie de estafas y fraudes en materia mercantil por la compra de viviendas, negocios e incluso plazas comerciales con escrituras apócrifas, los socios Eric Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro y Viviana Leticia Zuart continúan sin ser procesados por estos delitos en la entidad. Mientras tanto, han sido vistos viajando por el mundo y adquiriendo autos de lujo, bolsas, joyas y relojes sin que las autoridades chiapanecas tomen acción en su contra.
Estos presuntos desarrolladores inmobiliarios siguen gozando de impunidad, ya que la FGE, que es el ente responsable de integrar debidamente una carpeta de investigación, sobre los actos de corrupción y fraudes que se les acusa a los socios del Cartel Inmobiliario, no ha dado pistas de querer llevarlos ante el juez.
Lo anterior, señalaron litigantes en la entidad, se debe a que la FGE no ha notificado judicialmente a los miembros de este Cartel, ya que ante excusas no se ha podido llegar a un acuerdo reparatorio y/o de conciliación.
Esto se debe a que la FGE no cuenta con mecanismos para notificar al Cártel eficazmente, mientras tanto el patrimonio de las víctimas ya fue hurtado, embargado o vendido nuevamente.
Este mecanismo, indican los expertos en materia legal, se debe también a que las investigaciones no son tomadas con primicia y relevancia, toda vez que en estos casos se pierden documentos, se altera información para que la presunción de inocencia se estropee.
Por tanto, refieren que en la causa penal, el Cártel no se ha presentado toda vez que la autoridad es incapaz de notificarles, ya que son seis meses como mínimo después de judicializar la audiencia inicial.
En este sentido, coinciden que la única forma efectiva para que se presenten es bajo órdenes de aprehensión, ya que, en la causa penal, el responsable de judicializar el caso o los casos debe supervisar y preponderar la impartición de justicia, pero hasta que los agentes del Ministerio Público y los jueces y abogados del PJE no tengan contacto e información, las audiencias no llegarán.
Para ello, apuntan que en la audiencia intermedia la defensa ha usado estrategias no éticas para dilatar muchas veces, ya que después de invertir tiempo y mucho dinero, solo bajo presión Jurídica el Cártel se presenta a la audiencia intermedia, aunque destacan, que lo que temen los socios del Cártel Inmobiliario en Chiapas, es el juicio oral el cual se programa al finalizar la intermedia.
El juicio oral, manifestaron que está muy lejos de llegar, toda vez que a pesar de las múltiples causas penales que existen en contra de Erick, Gustavo y Viviana, el sistema judicial no agiliza la impartición de justicia a las víctimas de estos delincuentes.
Haciendo énfasis a la problemática, los litigantes cuestionan cuál es el verdadero fondo de este caso, y por qué el magistrado presidente del PJE, Guillermo Ramos; y el fiscal general del estado, Olaf Gómez, permiten que estas personas sigan operando y en libertad.
La pregunta, a responder y a resolver, destacaron es ¿cuándo comenzará una verdadera investigación para desarticular al Cártel Inmobiliario de Chiapas y terminar con esta delincuencia organizada?
