Letras Desnudas
Mario Caballero
Nadie me dejará mentir, pero una de las batallas más complejas y de largo aliento que ha sostenido la sociedad organizada ha sido por la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos y las instituciones en todos sus órdenes y ámbitos, con el objetivo, claro está, de combatir la corrupción.
¿Se ha ganado esta batalla? Sí y no.
Sí, porque desde hace dos décadas se han creado leyes, reformas e instituciones con capacidad jurídica propia y de gestión que se encargan de facilitar el acceso a la información de un gobierno que financiamos los contribuyentes. Como es el caso del IFAI, hoy Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No, porque a pesar de estos avances México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. En la medición de 2021 del Índice de Percepción de la Corrupción, nuestro país aparece en el lugar 124 de 180, empatado con países como Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.
Así, paradójicamente hemos avanzado bastante aunque los avances no se ven, ya que hemos estado en el lugar 124 más o menos desde el sexenio de Vicente Fox.
Aunque suene redundante, ¿ha fracasado la batalla por la transparencia y la rendición de cuentas?
La gente de buena memoria recordara que los debates de ese entonces iban en que era un despropósito crear todo un instituto para obligar al Gobierno Federal a entregar su información. Pero qué más se podía esperar si esa era la clásica solución estatista mexicana: establecer una burocracia que cada vez nos costaría más.
Para no alargar tanto esta disertación, y llegar al punto que quiero tratar en este espacio, citaré un solo ejemplo para comprender que la gente que se oponía a crear una nueva institución tenía razón, ya que se podía imitar lo que otros países venían haciendo al respecto.
En Estados Unidos existe una unidad del Departamento de Justicia que es la encargada de resolver todas las solicitudes de información. En última instancia, si los gobiernos federal, estatales y municipales se niegan a entregar ciertos datos, los solicitantes pueden demandar a un juez que revise la decisión a fin de anularla. De tal manera, la última palabra la tiene el Poder Judicial.
Empero, en México se argumentó que dicha labor no se podía dejar en manos del Ejecutivo ni del Judicial por los intereses que tienen. Por tanto, debía formarse un organismo desconcentrado que tomara las resoluciones inapelables. Fue así que en 2002 se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y un año después nació el IFAI, hoy INAI.
RECONOCIMIENTO
Empero, en medio de todo esto es loable que ciertos funcionarios y ciertas instituciones públicas del país hayan tomado el toro por los cuernos al asumir la responsabilidad de cumplir con la transparencia y rendición de cuentas. Tal es el caso del Congreso del Estado de Chiapas. Sí, nuestro Congreso.
Desde siempre la práctica parlamentaria ha sido calificada como corrupta, regida por mecanismos que fomentan la irresponsabilidad y el aislamiento con la sociedad. En Chiapas no fue la excepción. Ejemplos hay muchos.
Don Miguel de Cervantes decía en su obra magna que las comparaciones son siempre engorrosas, fastidiosas y por lo regular se cae en la descortesía.
Sin embargo, para este ejercicio es preciso recordar, por mencionar sólo un ejemplo, la vez en que el entonces diputado local por el PRI, Juan Antonio Castillejos Castellanos, sempiterno cacique de San Fernando y actual presidente municipal de esa localidad, insultó a sus homólogos y se tundió a golpes con uno de ellos por motivo de que no le habían dado su mochada en una negociación con el exgobernador Juan Sabines Guerrero en la recta final de la 62ª. Legislatura.
Eran los tiempos del oscurantismo, de la opacidad, cuando el trabajo legislativo se hacía bajo la mesa y de espaldas a la sociedad. Cuando se ocultaba información, se solapaba la corrupción y la complicidad entre el Ejecutivo y el Legislativo no era la excepción sino la norma.
Hoy, en cambio, el Congreso local ha dado un paso adelante en cuanto a brindar mayores garantías de transparencia y rendición de cuentas, lo que no es un asunto cualquiera.
Pues la diferencia entre una democracia deficiente y una consolidada radica en la calidad de los procedimientos, contenido y resultados en cada una de las dimensiones de evaluación, como el Estado de Derecho, rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados y rendición de cuentas entre los órganos establecidos de gobierno.
En otras palabras, al rendir cuentas el parlamento chiapaneco está protegiendo la democracia, el derecho a la información que tenemos todos y llega a un arreglo institucional que permite transparentar decisiones políticas por las cuales los individuos, es decir, los chiapanecos adquieren el poder para decidir y los empodera en sus libertades políticas y civiles.
Sin lugar a dudas, es un hecho histórico digno de todo reconocimiento.
¿CUÁLES SON LOS AVANCES?
No hay logros sin liderazgos. Si en 2002 el llamado “Grupo Oaxaca” (conformado por académicos y periodistas de gran prestigio) fue el que logró el apoyo de la clase política para la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; a la sazón, para que el Congreso chiapaneco diera este encomiable salto fue fundamental el trabajo en equipo de todos los congresistas, pero especialmente de todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política que, encabezados por su presidente Yamil Melgar Bravo, adoptaron un compromiso real por la transparencia y la rendición de cuentas.
Fue bajo la visión del diputado morenista que la actual Legislatura ha implementado durante estos más de dos años iniciativas, leyes y reglamentos que transparentan el ejercicio público y generan mayor certeza jurídica a las funciones que le han sido encomendadas por la ciudadanía.
Hoy en día, la Sexagésima Octava Legislatura cuenta con modernos lineamientos, programas, portales de transparencia y plataformas digitales, así como archivos físicos, que la ciudadanía puede usar y consultar para conocer la información en el momento y hora que lo requiera.
Tan sólo en la plataforma de información pública se han atendido un total de 404 solicitudes, que se respondieron en tiempo y forma conforme establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas.
Enhorabuena por el Congreso del Estado, que con este esfuerzo está consolidando la cultura de gestión gubernamental, la democratización de los derechos y el fortalecimiento institucional.
PARA MAGDALENA
No entienden que no entienden. Ahora resulta que dos de los más cercanos colaboradores del fracasado ex candidato al Gobierno del Estado, Roberto Albores Gleason, como lo son Reynol Ozuna Fernández, ex titular de la desaparecida Sagarpa, y José María Coello, contratista de obra pública e impresor de publicidad, bajo el influjo del alcohol lanzan recados a los aspirantes a la gubernatura de que ellos cuentan con el dinero suficiente para respaldarlos. Qué descaro. Quieren volver a enchufarse en el poder con dinero sucio, surgido de la corrupción, ya que de sobra se sabe que amasaron enormes fortunas al amparo y protección de los funcionarios peñistas.
Twitter: @_MarioCaballero
