Justicia por muerte de Damián “duerme el sueño de los justos”
Siete meses y una semana y no hay un solo dato que explique los razonamientos de porqué ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a cargo de Rosa Ícela Rodríguez, han podido transparentar lo que realmente pasó en la muerte del niño de 3 años, Damián, hecho registrado en febrero de este año en la guardería Piguin&Babe, en la capital Tuxtla Gutiérrez.
Pero lo que es peor y eso es una muy mala señal, que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que habría justicia en este caso no se ha acatado ni cumplido. En tanto el dolor prevalece en Mauricio y Amparo, padres del pequeño, que, a pesar de luchar contra todo y presentar pruebas, no ven concretado su exigencia de justicia.
La muerte de Damián es el típico caso, por lo que se ha visto en el proceso judicial, que el tráfico de influencias puede más que la justicia. Pareciera o quizás eso dan a entender las autoridades de la Fiscalía General, que han apostado porque el tema quede en el olvido con el transcurrir del tiempo.
Por eso la gran interrogante es ¿quién está detrás de este asunto como para que no se castigue por la negligencia en la que se incurrió en la escuela Piguin&Babe? Qué tanto pesa la directora Brunett Ortega Solís, como para que no la molesten con este caso que indignó a la comunidad tuxtleca, y a la familia, a quienes sigue atormentando la ausencia del pequeño Damián.
Con cerrar la escuela el problema no está resuelto. El funcionamiento de la Fiscalía queda en evidencia y se presta a estar coludida por alguna fuerte razón al no transparentar en qué condiciones se encuentra el expediente penal y porqué es que no camina.
Las evidencias que se han hecho públicas desenmascaran a la autoridad como cómplice, incluida la propia titular de la Secretaría de Seguridad, Rosa Ícela Rodríguez, quien a pesar de que anuncio la presencia de un grupo especializado para investigar qué fue lo que realmente sucedió, sigue en suspenso. La pasividad con la que ha actuado ahora está en su contra.
No hay resultados de una nueva necropsia, no hay un informe de las cámaras de seguridad en funciones al momento de la desgracia; quedó en el limbo la denuncia que en su momento hiciera el encargado de darle mantenimiento a la alberca donde supuestamente murió el pequeño y no como concluyó la necropsia oficial del estado que dictaminó que el niño se ahogó (no se sabe si con su propia saliva o por habérsele atorado algo de comida).
Sigue también en el aire, la muerte de uno de los principales testigos de los hechos, como lo fue el responsable de la alberca, quien murió meses después, atropellado. Su denuncia ante el ministerio público, en manos de la familia del niño, quedó ya en fuera de lugar porque no está para que ratifique lo declarado.
No hay ninguna explicación lógica porqué la ropa de Damián estaba mojada al momento de entregarle el cuerpo a Amparo, la madre del niño. Mucho menos se detallan las maniobras que la directora Brunett ordenó se hicieran para cambiar el escenario donde se registró la desgracia. Todos estos datos están en el expediente que acuerpa la investigación.
Lo cierto es que hoy el esposo de la directora, José de Jesús Patrinos Burguete, se encuentra libre, disfrutando de su libertad y riéndose de quienes lo acusan de la tragedia. Podemos entender que no es el directo responsable, pero como propietario de la escuela, tenía la responsabilidad de que el inmueble cumpliera con los lineamientos que establece Protección Civil y la normatividad para estos casos de la Secretaría de Educación.
Por parte de la Secretaría de Educación, hasta ahora, la titular Aidé Domínguez Ochoa no ha dicho ni una sola palabra del caso. A ninguna de las autoridades con cargos menores en su dependencia se han hecho responsables de haber autorizado los planes de estudio y condiciones de los inmuebles cuando la escuela no cumplía con los requisitos.
El cinismo se hace evidente no sólo en la autoridad educativa, sino en la misma Fiscalía, instituciones que han mostrado incompetencia para resolver el caso, o, mejor dicho, no han querido transparentar la verdad porque atrás de este lamentable hecho fatídico hay mucho dinero de por medio y lógico, tráfico de influencias.
Es muy raro que no haya habido la aplicación de la justicia para la directora, quien se pasea como si nada, por las calles de Tuxtla. Mucho menos que se haya conocido el trabajo de los peritos de Seguridad Pública federal. Si la investigación emprendida desde siete meses no tiene resultados, cuando a simple vista se conocieron las evidencias que rodearon la muerte de Damián, entonces, es duro decirlo, el deceso quedará impune.
Y ciertamente formará parte de los miles de casos que se registran en todo el país, a pesar de los gritos ahogados de dolor de familias como las de Damián que exigen justicia, pero esta duerme el “sueño de los justos”.
