Profeco, trampolín
Desde su creación, La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido una institución que no cumplió ni ha cumplido su cometido, el cual era defender a los consumidores de los abusos y atropellos de los comerciantes.
En sus inicios, allá por la década de los años ochenta, la institución, junto con el hoy desaparecido Instituto Nacional del Consumidor (INCO), no le han servido de nada a los consumidores, salvo las referencias de qué comprar y la calidad que presentan los productos.
La famosa sección de ¿Quién es quién en los precios? ha sido, quizás, lo mejor que en términos prácticos ha realizado la Profeco, pero para ser honestos, esta era una función exclusiva que tenía el INCO, dependencia que funcionaba como la mano derecha a la Procuraduría.
Los análisis comparativos de los productos en cuanto a su costo fueron, en su tiempo, la referencia obligada de los ciudadanos que primero se informaban de lo que decía esta institución, para después ir a comprarla, con la certeza de que se hacía lo correcto.
Con el paso de los años y con el auge que han tenido las herramientas tecnológicas, esta función única pasó a segundo término, tanto que hoy en Chiapas, por ejemplo, ya nadie consulta la sección de ¿Quién es quién en los precios? debido a que la consulta es directa con el proveedor, vía virtual.
De ahí que es incomprensible cómo es que esta institución que ahora no vela por los derechos de los consumidores, que no tiene facultades para que se respeten los precios en supermercados, en tiendas de autoservicio, en centros de abasto o dónde quiera usted citar, siga siendo un “pivote” referencial, pero para encumbrar a funcionarios.
En realidad, la Profeco no ha tenido una función clave para con y en beneficio del pueblo mexicano. Su permanencia ha sido cuestionada de principio a fin por los propios ciudadanos que sienten como su bolsillo se vacía ante la incapacidad de alguna autoridad que los proteja.
De qué sirve que haya habido en los últimos años un repunte en el salario mínimo si éste no alcanza para la compra de los básicos, debido a que éstos suben de precio para hacerle frente a la escalada del salario mínimo.
Qué nadie le quiera ver la cara a los mexicanos cuando dice que los costos de la canasta básica están controlados y al alcance de las familias más desprotegidas. La inflación en estos términos es una constante, pues sólo hay que recordar que quien fija los precios de los productos son los comerciantes no la autoridad.
Terminó el tiempo, desde hace muchos años, en que había cierto control. Hoy no lo hay ni por asomo, aunque se nos diga lo contrario. El precio del limón está por los cielos, por ejemplo, no porque el campo no produzca, sino por los problemas de control que organizaciones criminales ejercen contra los productores del cítrico.
Como éste y muchos más productos de consumo básico se controlan en su costo, desde que están saliendo de la parcela o huerto y si es así, dónde está labor de la Profeco, de qué sirve que su titular salga cada lunes a darse baños de pueblo desde la mañanera si lo que dice lo escribe en el hielo.
Instituciones como esta no tienen razón de existir, si sólo se utilizan como trampolín político. Ahí está el caso del procurador Ricardo Sheffield, quien ahora resulta que por sus méritos como funcionario federal buscará la gubernatura de Guanajuato.
Esto de que la política encubra las omisiones o la improductividad de funcionarios está muy mal. El lunes fue la despedida de Sheffield como titular de la Profeco pues intentará por segunda ocasión ser gobernador de su natal Guanajuato.
Si el gran mérito del funcionario en cuestión es haber contribuido a que la población pudiera saber quién es quién en los precios, pues lamentablemente se va con una corta perspectiva de que haya ayudado a que los bolsillos de los mexicanos se hubiesen equilibrado.
