Altamirano, donde la alcaldesa no pinta y el síndico es el que manda y manipula
Al conflicto de Altamirano no hay que darle muchas vueltas. Con que el Congreso del Estado se decida a trabajar y sacar de la jugada al integrante del Concejo Municipal, Gabriel Montoya Oseguera, se acaba gran parte del problema que vive la población de este municipio, donde el cacicazgo partidista ha sido el peor de los males desde hace una década al día de hoy.
Tan es así, que la presidenta del Concejo, María García López, ni pinta en este problema. Es más, el que gobierna o desgobierna, según se vea, es Montoya Oseguera, una persona que ha tenido no una, sino varias denuncias públicas por la forma en que utiliza el poder para su beneficio personal.
El reciente secuestro de 66 ejidatarios traspasó el plano de lo local a nacional, pues las diferencias por el poder económico y político están llevando por caminos insospechados, que, por la forma en que se está dirigiendo el conflicto, se podría alertar de un desenlace fatídico, el cual urge que se atienda a la brevedad.
El plagio de las 66 personas por un grupo armado, significa que atrás de éste hay toda una organización con recursos suficientes para operar un acto delincuencial de tales magnitudes. Los secuestrados regresaban de la capital Tuxtla Gutiérrez, donde habían sostenido una reunión justo para dirimir la solución al conflicto que sostienen con el Concejo Municipal.
Los ejidatarios tenían bloqueado los accesos al municipio y han realizado desmanes en la presidencia municipal en protesta de que la autoridad no cumple sus promesas. Casualmente el que encabeza las negociaciones es el integrante del concejo no la presidenta. Además, se supone que el secuestro de los ejidatarios es porque ellos, supuestamente incendiaron una treintena de viviendas y vehículos en la cabecera municipal el 30 de septiembre, todas propiedades de los integrantes del Ayuntamiento.
En el argot citadino se dice que “muerto el perro se acaba la rabia”, pero en Altamirano, tanto la alcaldesa como las autoridades de la Secretaría de Gobierno y el Congreso del estado han sido omisos para aplicar la ley contra la misma autoridad del concejal Montoya Oseguera, a quien se le atribuye la creación del grupo 14 de Agosto, conformado supuestamente para defender al pueblo, pero para quien en realidad trabaja es para Montoya, quien ha ordenado desintegrar a través de este grupo toda protesta contra la autoridad municipal.
El grupo nació un 14 de agosto de 2021, cuando un grupo de ejidatarios, liderados en ese entonces, quien iba a decirlo, por Montoya Oseguera, alzan la voz y se rebelan contra Roberto Pinto Kanter, ahora exalcalde, además de que no permiten que acceda al poder la esposa de éste, Gabriela Roque Tipacamú, ambos del PVEM, quien había ganado las elecciones de 2021.
De esta forma se autoriza la creación del Concejo Municipal y la LXVIII Legislatura accede a las peticiones de Montoya, quien pone a María Gloria García como alcaldesa y él se ubica como síndico concejal en enero de 2022.
La razón por la que levantaron a los ejidatarios, acción atribuida al grupo 14 de Agosto, es porque está en puerta una auditoría al Concejo, y como la cosas no están tan derechas como se quisiera, el temor de que hubiese “corte de cabezas” y deslinde de responsabilidades hace que Montoya Oseguera se blinde bajo este medio de presión: El secuestro.
La posibilidad de que sea detenido era lo que venía en camino, por eso el síndico toma esta acción para presionar a las autoridades a que no procedan ni se metan en las cosas del municipio.
Es un problema serio porque la contraofensiva vino de parte de Montoya al obligar al comisariado Rogelio Hernández y otras personas más, a declarar en contra de Gaspar Sántiz y Eduardo Rodríguez, integrantes del grupo contrario al Concejo Municipal, de ser los culpables de los desmanes registrados el 29 de septiembre, donde hubo 31 viviendas quemadas y 20 vehículos siniestrados, entre ellos, tres taxis del servicio público.
Todo un embrollo que los operadores políticos de la Secretaría de Gobierno tienen muy bien visualizados, pero que por algún motivo no se ha querido actuar contra los desestabilizadores, y mientras ello no ocurra, el conflicto subirá de tono.
En resumen, lo que se podría citar es que, en el municipio de Altamirano, el problema se agrava porque la alcaldesa no pinta y el síndico Montoya Oseguera es el que manda y manipula. Hay que lo vean.
