Caso Damián, una esperanza de justicia; colectivazo de la 9105, sin visos de justicia

Dos lamentables y trágicos casos han demostrado que la corrupción sigue siendo la madre de todas las batallas. El primero, la muerte del niño de tres años, Damián, quien muriera dentro de la guardería Piguin y Babe en febrero de este año, y el accidente de una unidad particular y el colectivo de la ruta 9105, donde fallecieron 4 personas y varios y heridos, en octubre pasado, ambos en la capital tuxtleca.

Dos casos de muerte donde la corrupción está a flor de piel en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Educación y en la Secretaría de Movilidad y Transporte, y donde no se trata de ser adivino, pues no se concibe que, a nueve meses del deceso de Damián, no haya justicia.

Repetir de nuevo los nombres de los dueños involucrados en esta tragedia, que en todo momento han intentado evadir la responsabilidad, no tiene caso, pues está en el colectivo ciudadano, en los padres de los niños que iban al colegio y principalmente en la familia de pequeño.

Decir que desde un inicio esta casa editorial documentó que el peritaje de la Fiscalía General del Estado no coincidió con lo que experimentó la señora Amparo, la madre del pequeño, cuando recibió en sus brazos el cuerpo inerte de su bebé, significa que hay tráfico de influencias en el debido proceso.

Señalar que nadie de la Secretaría de Educación hasta este momento se ha molestado por dar la cara y decir que efectivamente el local donde se impartían las clases no era apto para tal encomienda ni que se haya castigado, menos sindicado, a los responsables de extender los certificados de funcionamiento de la escuela, quiere decir también que hay negligencia directa de los encargados del sistema educativo en la entidad.

Que el niño Damián murió ahogado en la alberca que tiene esta casa, sin duda fue lo que ocurrió, pero a nueve meses y tres días, insistimos, no hay nada claro y la desesperanza no deja vivir en paz a Amparo y Mauricio, los progenitores del niño, así como a don Rigoberto, el abuelo. El sufrimiento lo llevan muy adentro de su corazón y no es para menos.

Sin embargo, la tenacidad puesta para que el caso se dictamine y se responsabilice a los culpables e impere la justicia, parece que está a la vuelta de la esquina. En las próximas dos semanas se tiene contemplada la presencia de autoridades federales de la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana, las cuales han confirmado que tienen los dictámenes finales del caso.

Resulta que, en el procedimiento, se ha comprobado que al interior de la Fiscalía se detectaron irregularidades de funcionarios en los procedimientos de los dictámenes y de quienes realizaron la necropsia.

La esperanza de que se haría justicia parece que tendrá su recompensa para la familia que no ha dejado de exigir justicia. Lo que la opinión pública murmuraba de que había mucho dinero de por medio para entrampar el proceso, parece que comprobó. Serán 15 días de larga espera, pero bien vale la pena.

En el caso del accidente del colectivo de la ruta 9105, este no camina ni porque hubo decesos que enlutaron a familias que no dejan de lamentar la inoperatividad de la autoridad para localizar y detener a los responsables del percance, entre ellos, el supuesto cuñado del líder de la Sección 50 de Salud, José Luis Díaz Selvas.

Las familias marcharon el jueves y lamentaron que no haya ningún avance en las investigaciones. Responsabilizan a la Fiscalía General por la ineficacia de no detener al responsable de la tragedia; sindican que, al titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, le vale un comino lo que pasó.

Critican que esté enfocado en buscar la nominación a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y no esté pendiente y les ayude a que el concesionario del transporte colectivo pague los daños, e indemnice a los deudos de los fallecidos, así como a los heridos, algunos de ellos, con secuelas de por vida.

La autoridad da largas al asunto legal y se basa principalmente a que los usuarios del transporte no tienen los recursos económicos para defenderse. Lamentable que continúen registrándose estos ejemplos de falta de transparencia en el trabajo de las autoridades, y más lamentable que se siga escuchando la letanía de que ya nada es igual al pasado, pues no, todo sigue igual, e incluso peor.

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