Golpe certero a las investigaciones periodísticas
Es en verdad increíble que, en la Cámara de Diputados, en lugar de abrirse de capa para defender los presuntos actos irregulares, se unan en una sola voz para aprobar iniciativas que castigará a personas, principalmente a los medios de comunicación, que se atrevan a grabar con drones las propiedades de los servidores públicos.
Quien se atreva a cometer semejante “barbaridad”, podría alcanzar penas severas de cárcel. Es decir, el pueblo de México no podrá conocer ya la existencia de casas, ranchos, residencias, de funcionarios no sólo de primer nivel, sino de todas las categorías.
Las modificaciones al Código Penal y a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos plantean sanciones para evitar el uso de drones por parte de “delincuentes”, dice parte de esta iniciativa que añade castigos de hasta 10 años y como mínimo tres, de toda aquella persona que se atreva a usar drones para “vigilar” a los funcionarios.
Seguramente Morena y sus aliados tienen muy seguro un triunfo aplastante en las próximas elecciones que ya se están blindando por si alguno de ellos -creemos que muchos-, eso no lo dude, se abocarán a construir o ya lo han hecho, en comprar propiedades de lujo que dista mucho de sus percepciones normales como servidores públicos.
Si esta decisión no es una afrenta al sentido común, está bien que se aplique, si en el último de los casos se toma como referencia que se graba en propiedad privada, en un lugar donde nadie tiene derecho a cuestionar. Sin embargo, el pero resurge cuando se trata de emporios que en su vida los funcionarios de la Cuarta Transformación o de la oposición podrían haber adquirido o construido, si lo que ganan es en promedio, es un sueldo menor al del presidente de México, el cual no rebasa los 150 mil pesos al mes.
En el hipotético caso de que así fuera, un servidor público de primer nivel, en seis años, ganaría una cantidad cercana a los 11 millones de pesos, pero resulta que antes de terminar su gestión ya tienen propiedades que rebasan el monto mencionado. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ocultar?
Lo más extraño y da qué pensar es que la iniciativa haya salido del mismo poder Ejecutivo y avaladas con 419 votos, de los 500 diputados que integran la Cámara. Lo que significa ello que, a los representantes de los medios de comunicación, que andan siempre investigando presuntos actos de corrupción y que utilizan los drones para comparar propiedades con lo que gana un funcionario, aparte de la documentación oficial, claro, es que se les “cortan” las manos para operar y además se les criminalice.
En el pasado reciente, la actual precandidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, se apostó en las inmediaciones de la planta de hidrocarburos Dos Bocas que se construye en Tabasco, para volar un dron y documentar el verdadero avance que lleva la empresa para que entre en funcionamiento.
Pareciera que este sería un caso de aparente criminalidad contra el Estado al exhibir la realidad de lo que se dice con lo que hay en materia de construcción. Los diputados de oposición no visualizaron que dentro del esquema de prohibición se los pasaron a traer ante cualquier acto de corrupción que pudiera existir y que alguna persona pudiera comprobar en los hechos como enriquecimiento ilícito. Si así fuese no habría nada que castigar contra el ostentoso, pero sí, para que el intenta exhibir los actos de corrupción.
Estamos de acuerdo que haya penas de prisión para quien use drones con el fin de arrojar objetos o artefacto explosivos, así como sustancias químicas con el fin de causar daño. Si ese fuera el asunto central, nadie puede oponerse a sancionar para quien adapte estas “aeronaves” para transportar droga o algunos productos que son regulados por la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
El autogol que se metió a los opositores que -por andar en la chorcha con eso de las próximas elecciones, ni por enterados se dieron-, es que esta iniciativa contempla cárcel a quien utilice los drones para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, para vigilar actividades de personas servidoras públicas. El documento justicia que esta actividad sería principalmente para evitar que se de a conocer o reportar la ubicación del funcionario y con ello ser objeto de una agresión.
De hecho, para todos es conocido que el uso de estos artefactos es utilizado por los gobiernos para espiar o vigilar a sus adversarios o a la delincuencia organizada, al mismo tiempo que este último sector lo aplica para labores de tráfico de droga o ataques con explosivos. El gobierno de los Estados Unidos es uno de los principales que utilizan esta tecnología para combatir a los grupos organizados del crimen
Queda claro, entonces, que las investigaciones periodísticas serán sancionadas porque nadie tiene derechos a invadir la vida privada de las personas, pero en este caso es muy diferente cuando se trata de evidenciar que lo que posee no coincide con lo que gana como funcionario.
