Acusan transportistas que sólo sirven para extorsionar a migrantes y demorar los traslados de pasajeros y automovilistas particulares.
José Cancino / Diario de Chiapas
Automovilistas que a diario utilizan las rutas que van desde la zona fronteriza hacia Tapachula y otras localidades, denunciaron los retrasos y embotellamientos que generan los puntos de revisión del Instituto Nacional de Migración (Inami), que lejos de revisar y ayudar en la seguridad internacional sólo contribuyen a generar más caos.
Así ocurrió hace unos días en el ejido Viva México, donde un trailero se impactó con un vehículo de autotransporte en su modalidad de taxi, hecho que dejó un pasajero herido a consecuencia del embotellamiento que a diario se forma por la inoperancia de agentes migratorios, que han sido denunciados en el cobro de tarifas para dejar avanzar a los extranjeros o apartarles espacios en autobuses con dirección a Tuxtla Gutiérrez.
Transportistas señalaron que los puntos de inspección instaurados en la salida de Suchiate, Frontera Hidalgo, El Manguito y Viva México, son los retenes de la impunidad, debido a que solo sirven para beneficio de los agentes del Inami, que se han beneficiado con la supuesta extorsión a migrantes para dejarlos continuar en su ruta.
Incluso, en varias ocasiones se ha desvelado una red de corrupción que operan los propios agentes, en la venta de espacios en los autobuses mientras cientos de personas que no cuentan con los recursos son maltratados e ignorados.
“Los migrantes que no tienen para pagar, los que viajan en condiciones pobres y no los pueden exprimir, les pasan enfrente o algunos grupos los rodean, esos grupos al Inami no les interesa porque no les pueden dar dinero”, señaló Pedro Campos, transportista.
Acusó que mientras los oficiales de Migración realizan este delito a la luz del día, los traficantes de personas operan y toman control de la región, sin que autoridad alguna haga algo por la situación.
INVESTIGAR A
PROVEEDORES
Según estimaciones que activistas han realizado, cada retén tiene un costo aproximado de 150 mil pesos mensuales, entre mobiliario que es rentado al parecer por empresas de un alto funcionario del Inami identificado como Héctor Martínez Castuera.
Según la denuncia de los propios defensores de derechos humanos, también figura Antonio Andrés Vidal Islas, quien funge como director general de Control y Verificación Migratoria.
Ambos funcionarios, señalan, deberían ser investigados y esclarecer también la renta de autobuses y camionetas oficiales, por las cuales presuntamente se pagan cantidades elevadas de manera mensual.
