Educación y derechos colectivos de los pueblos indígenas

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
En octubre del 2023, se anunció por parte del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del Gobierno Federal (INPI), la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), con carreras profesionales en materia de lenguas, letras, traducción y/o interpretación, cuyo decreto fue promulgado el seis de noviembre de 2023.
La noticia es trascendental en la vida pública de México, porque abona a la protección y sostenibilidad de las lenguas indígenas de los pueblos originarios de México, que en el siglo XVI vivieron un proceso de culturización, de imposición de cosmovisiones y formas de vida y, después de la independencia de México, siglo XIX, expuestos a un proceso educativo de imposición de una cultura nacional sobre las culturas originarias sobrevivientes, que ya tiene sus efectos en la perdida de lenguas en las últimas décadas y por lo menos seis lenguas en proceso de extinción -entre ellas tres de Chiapas- evidenciándose en cambios conductuales y de vida, en la vida comunitaria de estos pueblos de las últimas generaciones.
En los últimos cuatro años se han realizado actos trascendentales que abonan a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Como el 30 de septiembre del 2019 en que se promulga la Ley General de Educación, que en su capítulo VI, De la Educación Indígena, establece condiciones revolucionarias que responden a la construcción de una educación comunitaria que parte del respeto a los derechos lingüísticos, culturales y autodeterminación basado en la identidad, pertenencia y territorios; dejando como protección la consulta pública previa y debidamente informada, que inexplicablemente hoy se encuentran invalidados por disposición de la SCJN en sentencia de Acción de Inconstitucionalidad, publicada en el DOF el 13 de marzo del 2023.
Le continuó en la atención a los pueblos indígenas, la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2020, titulo VII capitulo III, que garantiza el derecho a la protección de las “Expresiones originarias” de los pueblos como propiedad colectiva; lo cual era una deuda de décadas si consideramos la obligatoriedad de atender las convenciones de la que México es parte, en esta materia de salvaguardia del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, que hoy resulta importante retomar.
Seguidamente, el 17 de enero del 2022 se promulgó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, de la que hay que destacar eleva a categoría jurídica el patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, como un derecho colectivo y propiedad que deben protegerse, cuya identificación patrimonial y declaratorias, es una asignatura pendiente en políticas públicas.
La ULIM se delimita en la perspectiva de la Nueva Escuela Mexicana, donde se espera la conexidad de la formación educativa propuesta desde el 2022, Plan Nacional de Educación, con la formación profesional planteada a los pueblos indígenas, que deben ser convergente con los ejes rectores Comunidad y Patrimonios Cultural y Natural, abonado a su sostenibilidad.
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