Agresiones y tráfico de influencias en Educación Federal
En la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) ven la “tormenta y no se hincan”, pues qué necesidad de estar solapando escenarios de acoso laboral y violencia verbal y física entre los directores, jefes de departamento y sub jefes contra el personal que sólo tiene como misión acudir a trabajar y atender como debe ser sus responsabilidades.
Lo que se registra al interior de esta dependencia seguramente tendrá consecuencias en el inicio de 2024, cuando las bases de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la aguerrida Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inicien una serie de movilizaciones ante la ola de hechos consumados contra los empleados.
En el departamento de Pagos de la Subsecretaría, quizás la principal dentro del organigrama de esta dependencia de carácter federal, pero que tiene una codependencia de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas, se viven episodios de violencia, cuyas denuncias ya se tienen en el área jurídica de la SEF y de corte penal en la Fiscalía General del Estado.
Historias que no son de ahora, sino que tienen meses de constante asedio, discriminación y violencia contra varios trabajadores que les resultan incómodos a las mujeres que son “jefas” en dicha área.
Para ejemplificar el descontrol que se permite en la Subsecretaría, sólo referiremos un solo caso, el registrado desde el pasado 29 de agosto, cuando tres mujeres, una jefa del departamento de Pagos y dos subjefas de la misma área, de quienes omitiremos sus nombres para no caer en descalificaciones en tanto no haya una resolución jurídica, agredieron a la trabajadora Martha Patricia de Los Santos García, quien fue a parar al hospital por las lesiones, según sus propias palabras a esta casa editorial.
El problema, aparte de la agresión, es que esta práctica violenta física y verbal se ha consumado en varias ocasiones con dicha empleada del sistema federal, pero no sólo ha sido ella sino otras personas más que por miedo a perder su trabajo, han callado.
A raíz de esta denuncia, toda la coordinación de administración federalizada ahora ha alzado la voz para conjuntar sus denuncias y hacerles frente a los actos discriminatorios y de acoso laboral en la Subsecretaría.
De todos es sabido que al interior de la Sección 7 existen varias tribus o corrientes políticas sindicales que luchan para obtener beneficios para sus allegados, y aunque tienen diferente ideología y forma de solucionar los problemas, por este caso ya se han pronunciado en un solo frente que ha advertido que en los primeros días de enero próximo, cuando regresen de vacaciones, las cosas se pondrán color de hormiga sólo por el hecho de que tres mujeres ejercen su imperio en el departamento de Pagos.
No se exagera cuando se dice que se avecinan tiempos de revuelo, de desestabilización sólo por los actos que solapan las autoridades superiores de la Subsecretaría que ejercen en favor de este tipo de atropellos, y, por lo tanto, los convierten en cómplices.
Esdras Lorenzana, uno de los dirigentes sindicales, al referirse al caso, dijo que tienen en su poder las actas constitutivas donde se presentaron las querellas, pero aún con todo en contra, la Subsecretaría no ha querido actuar para remover de sus puestos a las tres funcionarias de medio pelo.
Incluso el departamento de Ética, quien se comprometió a analizar el asunto y fijar una resolución, ha callado y desde hace cuatro meses no se ha pronunciado, a pesar de que le han hecho llegar otros expedientes contra las servidoras públicas.
El caso encierra un tufo de tráfico de influencias que el mismo coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Educación Federaliza, José Francisco Álvarez López, solapa y quizás hasta promueve, pues él debería intervenir de forma inmediata.
La semana pasada sostuvo una reunión con el sindicato y la víctima, comprometiéndose a resolver de tajo el problema, pero hasta ahora su silencio ha sido considerado como parte del problema, pues no ha dicho ni pío.
Y como cereza del pastel, el pasado miércoles a la trabajadora Martha Patricia se le impidió el ingreso al departamento de Pagos para realizar sus labores que tiene asignadas.
En verdad es ilógico que los funcionarios no entiendan que estos malabares le hacen daño a la imagen del gobierno estatal, pues diferendos tan sencillos como la reubicación del personal, si este fuera el caso, sería la solución a un problema tan sencillo.
Además, de llegarse el caso extremo de despedir al trabajador, la justicia le daría la razón y la autoridad tendría que desembolsar un dinero que dice no tener, pero como se actúa con la víscera, se tendrá que pagar las consecuencias.
Nada justifica que las funcionarias sindicadas, aunque sean muy duchas en sus tareas, se pasen de lanza, violentando la ley y provocando que el problema se convierta en una bola de nieve difícil de deshacer.
