- Migrantes pagan hasta 60 mil pesos para obtener vínculos ficticios con familiares mexicanos y así obtener dichos permisos
Enrique Buenrostro / Corresponsal Diario de Chiapas
Tapachula, Chiapas. – Activistas y migrantes denunciaron la corrupción que se da en la sede de regulación del Instituto Nacional de Migración (Inami) en Tapachula, donde funcionarios expiden tarjetas por vínculo familiar en tiempo exprés a aquellos que pagan hasta 60 mil pesos.
En dicho módulo situado al interior de la Estación Siglo XXI, se observan filas de chinos, cubanos y haitianos, principalmente, donde reciben esta tarjeta permanente que se expide cuando un extranjero adquiere vínculo con un ciudadano mexicano. Es decir, que se case con un mexicano o que tenga un hijo en territorio nacional para obtener ese derecho, por lo que también el Registro Civil mantiene contubernio en este negocio millonario, ya que lo extraño del caso es que los hijos que registran ya no nacen a los nueve meses de su ingreso a territorio mexicano, si no que su nacimiento es a la semana que inician el procedimiento y las esposas y esposos ni se dan cuenta porque son suplantados.
Según la denuncia de extranjeros afectados por esta red de corrupción, ya existe acuerdo con los directores del Inami, Héctor Leoncio Martínez Castuera y Antonio Andrés Vidal Islas, todo con el consentimiento del Comisionado Francisco Garduño.
Esas instrucciones de corrupción fueron una orden directa a Farah Cerdio y a su hermana Nayed Cerdio, quienes mueven todas estas artimañas junto con el titular del Inami en Chiapas, Vicealmirante Roberto Gonzáles López, «El Popeye», mote que se ha ganado a consecuencia de su falta de profesionalismo.
Mientras tanto, más de 10 mil extranjeros sufren en las calles y parques de Tapachula por esta impunidad y corrupción que mantiene el gobierno de la Cuarta Transformación.
Este miércoles, el activista Luis García Villagrán ha señalado que el Inami tiene 24 horas para dar una respuesta a los jueces de distrito en torno a los amparos interpuestos, para que miles de extranjeros puedan movilizarse a la frontera norte.
La presión ejercida por este defensor de derechos humanos tensa la situación de cara a la posible salida de una caravana el próximo 24 de diciembre.
