Indigna trato a familias de desaparecidos

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
A nivel nacional crece el rechazo a las cifras oficiales sobre la cantidad de personas desaparecidas que, de acuerdo con los colectivos de búsqueda, son más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes.
Mientras la versión oficial afirma que hay poco más de 12 mil personas desaparecidas registradas, los colectivos exigen que se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales.
En este sentido, los familiares de las personas desaparecidas afirman que “la falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5o de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados”.
Sobre las desapariciones en todo el país, en Chiapas el Coordinador de Gobiernos de Coalición del Frente Amplio, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, afirmó que la sociedad está presa de un estado de terror, marcado por la inseguridad, ejecuciones, asaltos y desapariciones.
Y también se sumó a los reclamos de los familiares, al considerar que “más preocupante aún es la postura del gobierno federal que, en lugar de buscar estrategias para la protección y búsqueda de los desaparecidos, opta por eliminar miles de registros de su base de datos, relegando a esas personas y a sus padres y madres al olvido, y eso es inhumano”.
El Coordinador de Gobiernos de Coalición del Frente Amplio destacó la necesidad imperante de que el gobierno implemente estrategias efectivas para abordar la problemática de desapariciones. También hizo un llamado a la solidaridad y acción conjunta de la sociedad civil y las autoridades para garantizar la seguridad y bienestar de la población.