Siguen esperando sentencia

Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confió en que este año, al cumplirse 25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo zapatista, por parte del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, la Corte Interamericana de Derechos humanos (CoIDH) emita su sentencia sobre el caso.
Sobre este caso, el Frayba recordó que a la fecha el Estado mexicano no ha llevado a cabo la búsqueda del paradero de Antonio, tampoco ha habido reconocimiento claro de su responsabilidad en este crimen cometido en el marco de una política contrainsurgente criminal.
Este organismo defensor expresó que sigue con la esperanza de que sea una forma de obligar al Estado mexicano a asumir su responsabilidad histórica ante un crimen de Estado que tuvo repercusiones mucho más allá de la zona norte de Chiapas.
“La sentencia debe establecer elementos importantes de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar al Estado a reparar integralmente a la familia de Antonio y a todas las víctimas de su política criminal”, destacó el Frayba.
De acuerdo a la documentación del Frayba, Paz y Justicia, fue uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.
Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94” incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994.
Además que el Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros, agresiones que tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia.

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