Enrique Buenrostro
Las Instituciones de Gobierno son utilizadas para proteger sus intereses personales, así lo revelan las actuaciones de los servidores públicos de Tuxtla Gutiérrez frente a la Ley que previene y combate la discriminación en Chiapas. En tiempos de transformación de la vida pública, las autoridades sólo simulan atender a los ciudadanos, “hasta que los gobernados actúan en juicio contra los servidores públicos para lograr vivir en un auténtico Estado de Derecho.”
Así lo refieren ciudadanos que solicitaron por escrito ser atendidos en audiencia por el presidente municipal reelecto, Carlos Orsoe Morales Vázquez, el día 18 de junio de 2019 y que sólo ante el emplazamiento de juicio ante el Tribunal Electoral, mediante el “juicio para la protección de los derechos del ciudadano”, seremos atendidos mediante “audiencia pública” este jueves 24 de enero de 2024 por la secretaria general del Ayuntamiento.
Y es que la nueva Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, creación publicada mediante periódico oficial número 305 de fecha 22 de septiembre de 2023, es una nueva herramienta que permite al ciudadano actuar de manera coercitiva en contra de las autoridades cuando se ignora una petición, dándose en el contexto de la audiencia Pública para las autoridades que omiten dar respuesta.
Dicho mecanismo de participación ciudadana tiene la ventaja de que el ciudadano al ser restringido por acción u omisión como es el caso de haberle fenecido el tiempo al presidente municipal, con intención o sin ella, de obstaculizar, menoscabar o anular la petición de audiencia del ciudadano, se puede llegar hasta interponer un Juicio para la Protección de los Derechos del Ciudadano, que en tiempos de pre campaña nadie quiere ser sancionado.
Estas malas prácticas distintivas entre ciudadanos se dan sistemáticamente en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al no recibir peticiones de audiencia o atender en tiempo y forma las peticiones que se generan en la población, incluso ignoran a otras autoridades, así lo denuncian ciudadanos que en juicio se opusieron a publicar sus nombres y que este jueves serán atendidos en la sala de sesiones de cabildo, “Batallón Hijos de Tuxtla” luego de pasados 4 años y 126 días transcurridos, en el contexto de formas conexas de intolerancia, las facultades para resolver de las autoridades y las necesidades del ciudadano son otras, sin duda.










