Estado Mexicano: guardián y verdugo del Cañón del Sumidero

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
El parque nacional Cañón del Sumidero, es un área natural federal protegida desde 1980 que sufre cambio de uso del suelo y destrucción de su biodiversidad en casi 4 mil hectáreas, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Chiapas, debido a la tolerancia gubernamental que permitió en décadas la creación y crecimiento de más de 91 colonias populares identificadas como “irregulares”, donde sobreviven y conviven 300 mil habitantes, como lo reconoce la SEMARNAT.
Se ha difundido mucha información sobre esta problemática, cuya responsabilidad de resolución durante veintiocho años corresponde a la CONANP, SEMARNAP Y Gobierno de la República, que sin justificación alguna han dejado de emitir y publicar el Decreto Modificatorio del Parque Nacional Cañón del Sumidero, aun realizados los trabajos que ordena la ley en la materia desde el año 2007; asumiendo conducta de omisión en responsabilidades que afectan a la sociedad y dañan al medio ambiente, jugando el Estado Mexicano un papel de garante y a la vez de verdugo que lo está destruyendo.
El daño a los derechos humanos ha sido continuo por más de dos décadas, pero el daño a la biodiversidad y territorio ha sido también constante, destacando que, a finales de los noventas, para la atención a invasiones de tierras derivadas del alzamiento amado del EZLN en 1994, el gobierno federal instrumentó programa de compra de tierras que impactó a seis áreas naturales protegidas con 74 nuevos poblados campesinos, en 150 predios con 15 mil hectáreas.
El Cañón del Sumidero fue afectado con seis nuevos pueblos campesinos, con una población aproximada de mil habitantes, a los que se les adquirieron 15 predios con cerca de 900 hectáreas, destacando de ello la irregularidad del propio gobierno de comprar tierras en áreas naturales protegidas, que ya había sido expropiadas desde 1980; consintiendo nuevos asentamientos humanos y eminente cambio de uso del suelo por la cultura campesina de trabajo agrícola.
En este orden, destaca la tolerancia a empresas inmobiliarias que han realizado fraccionamientos y ventas de terrenos urbanos, donde miles de familias todavía continúa pagando tierra de propiedad federal; sumándose a este ilícito tolerado, el observar que el gobierno del Estado y el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, escrituraron en administraciones anteriores a poco más de 40 colonias irregulares en tierras federales protegidas, con el consentimiento y contubernio de instituciones ambientales federales, responsables de demandar los actos que afecten la integridad del parque nacional y que, en este caso, no han actuado.
Se suma al daño que una empresa de alta contaminación, como Cales y Morteros del Grijalva, haya podido explotar recursos naturales del parque nacional en décadas, poniendo en riesgo la vida de la población e integridad de esta belleza natural que ha sido documentado; cuyas tierras que ocupan están expropiadas desde 1980 y deben destinarse a un Parque Temático Turístico Cultural.
Concluye esta triste historia, con la verdad que el Parque Nacional NO cuenta con Programa de Manejo, que es obligatorio desde su creación ¡Ya basta de omisiones y tolerancia que dañan derechos de la sociedad y al medio ambiente!
¡Salvemos al Cañón del Sumidero!
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