Esta casa editorial cuenta con el acuerdo notarial con el que el gobierno de Carlos Morales le dio poder a la hoy candidata para tener la representación patronal en favor de los intereses del ayuntamiento
Enrique Buenrostro
La semana pasada esta casa editorial dio a conocer sobre el conflicto de interés en el que se ha vuelto la ahora precandidata a diputada federal por el Distrito 9 por Morena, Marcela Castillo; al ser parte de la nómina del ayuntamiento capitalino, y a la vez; una de las abogadas de las cuales el ayuntamiento tuxtleco le dio el Poder General para Pleitos y Cobranzas.
En este documento (al que Diario de Chiapas tuvo acceso), se aprecia que el 26 de febrero de 2019; en presencia del notario Carlos Octavio Castellanos Mijares, constó este poder de pleitos y cobranzas, actos de administración y representación patronal a las siguientes personas.
Marcela Castillo Atristain, Elizabeth Guadalupe Reyes López, Francisco Ignacio Castillo Acevedo, Lucelia Colix Tapia, Jymmy Gálvez Cruz, Jenmis Osiris Muñoz Barrios, Cristina Isabel Castillo Atristain y José Luis Magdaleno Ruiz.
En dicha acta notarial, se puede apreciar que el 5 de febrero de 2019, el cabildo tuxtleco de la administración 2018 – 2021, tomó el siguiente punto de acuerdo.
En consideración de la propuesta presentada con fundamento en el artículo 111 del reglamento de Cabildo de Tuxtla Gutiérrez Chiapas por parte del c. Carlos Orsoe Morales Vázquez, presidente constitucional de Tuxtla Gutiérrez, somete a consideración del H. cuerpo edilicio la discusión y en su caso la aprobación de la petición realizada por el c. Jorge Raúl Ordóñez Ochoa, encargado de la Consejería Jurídica respecto al otorgamiento en favor de los licenciados Marcela Castillo Atristain, Elizabeth Guadalupe Reyes López, Francisco Ignacio Castillo Acevedo, Lucelia Colix Tapia, Jymmy Gálvez Cruz, Jenmis Osiris Muñoz Barrios, Cristina Isabel Castillo Atristain y José Luis Magdaleno Ruiz, poder general de pleitos y cobranzas, para actos de administración relativo a la administración de las relaciones laborales y para representación patronal en favor de los intereses de este ayuntamiento.
El cabildo delegó el Poder General para actos de administración: “delegándoles al efecto facultades de representación legal en materia laboral por lo que la parte apoderada podrá administrar las individuales y colectivos de trabajo establecer y modificar condiciones de trabajo emitir reglamentos interiores de trabajo y en general comparecer ante particulares, y ante todas las autoridades en materia de trabajo de manera especial ante las relacionadas en el artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) a realizar gestiones de trámites necesarios para la solución de los asuntos que se ofrezcan al poderdante a los que comparecerá en el carácter de representante en términos de artículos 11 de la Ley Federal del Trabajo que determina los directores administradores gerentes y personas que ejerzan que ejerzan funciones de dirección o administración serán considerados representantes del poderdante y tal concepto lo obliga a sus relaciones con los trabajadores”.
En consecuencia en relación con estos asuntos podrá ejercitar las mencionadas facultades o sea comparecer en carácter de apoderado y por lo tanto de representante del hacha ayuntamiento en los términos de la Ley Federal del Trabajo, así como comparecer a las audiencias de conciliación que sea citada a la sociedad poderdante por las juntas de Conciliación y de Conciliación de Arbitraje con todas las facultades generales y aún las especiales que conforma la ley requieran de poder o cláusula especial.
Con esto, se comprueba que Marcela Castillo Atristain, en aquel momento directora de la Juventud en el Ayuntamiento, y después regidora incurrió en el delito de Conflicto de intereses, sin mencionar que su padre, Francisco Ignacio Castillo Acevedo y su hermana, Cristina Isabel Castillo Atristain; también estuvieron inmiscuidos en esta situación al ser familiares de una funcionaria municipal.
