I PARTE
Jason Hickel et al
Los países ricos pueden crear prosperidad utilizando menos materiales y energía si abandonan el crecimiento económico como objetivo.
La economía mundial está estructurada en torno al crecimiento: la idea de que las empresas, industrias y naciones deben aumentar la producción cada año, independientemente de si es necesario o no. Esta dinámica está impulsando el cambio climático y el colapso ecológico. Las economías de renta alta, y las corporaciones y clases adineradas que las dominan, son las principales responsables de este problema y consumen energía y materiales a ritmos insostenibles.
Sin embargo, muchos países industrializados luchan ahora por hacer crecer sus economías, dadas las convulsiones económicas provocadas por la pandemia COVID-19, la invasión rusa de Ucrania, la escasez de recursos y el estancamiento de las mejoras de productividad. Los gobiernos se enfrentan a una situación difícil. Sus intentos de estimular el crecimiento chocan con los objetivos de mejorar el bienestar humano y reducir los daños medioambientales.
Los investigadores en economía ecológica abogan por un enfoque diferente: el decrecimiento. Las economías ricas deberían abandonar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como objetivo, reducir las formas de producción destructivas e innecesarias para reducir el uso de energía y materiales, y centrar la actividad económica en garantizar las necesidades y el bienestar humanos. Este enfoque, que ha ganado adeptos en los últimos años, puede permitir una rápida descarbonización y detener el colapso ecológico al tiempo que mejora los resultados sociales. Libera energía y materiales para los países de renta baja y media en los que el crecimiento puede seguir siendo necesario para el desarrollo. El decrecimiento es una estrategia decidida para estabilizar las economías y alcanzar objetivos sociales y ecológicos, a diferencia de la recesión, que es caótica y socialmente desestabilizadora y se produce cuando las economías dependientes del crecimiento no crecen.
Los informes de este año del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) sugieren que deberían considerarse políticas de decrecimiento en la lucha contra el colapso climático y la pérdida de biodiversidad, respectivamente. Entre las políticas de apoyo a una estrategia de este tipo figuran las siguientes:
- Reducir la producción menos necesaria. Esto significa reducir sectores destructivos como los combustibles fósiles, la producción masiva de carne y lácteos, la moda rápida, la publicidad, los automóviles y la aviación, incluidos los jets privados. Al mismo tiempo, es necesario acabar con la obsolescencia programada de los productos, alargar su vida útil y reducir el poder adquisitivo de los ricos.
- Mejorar los servicios públicos. Es necesario garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, la educación, la vivienda, el transporte, Internet, las energías renovables y los alimentos nutritivos de alta calidad. Los servicios públicos universales pueden ofrecer buenos resultados sociales sin un elevado uso de recursos.
- Introducir una garantía de empleos verdes. Esto permitiría formar y movilizar mano de obra en torno a objetivos sociales y ecológicos urgentes, como la instalación de energías renovables, el aislamiento de edificios, la regeneración de ecosistemas y la mejora de la asistencia social. Un programa de este tipo acabaría con el desempleo y garantizaría una transición justa para los trabajadores de industrias en declive o «sectores en extinción», como los que dependen de los combustibles fósiles. Podría combinarse con una política de renta universal.
- Reducir el tiempo de trabajo. Esto podría lograrse reduciendo la edad de jubilación, fomentando el trabajo a tiempo parcial o adoptando una semana laboral de cuatro días. Estas medidas reducirían las emisiones de carbono y liberarían a las personas para dedicarse a los cuidados y a otras actividades que mejoren el bienestar. También estabilizarían el empleo al disminuir la producción menos necesaria.
- Permitir el desarrollo sostenible. Esto requiere cancelar las deudas injustas e impagables de los países de renta baja y media, frenar el intercambio desigual en el comercio internacional y crear las condiciones para que la capacidad productiva se reoriente hacia la consecución de objetivos sociales.
Algunos países, regiones y ciudades ya han introducido elementos de estas políticas. Muchas naciones europeas garantizan asistencia sanitaria y educación gratuitas; Viena y Singapur son famosas por sus viviendas públicas de alta calidad; y casi 100 ciudades de todo el mundo ofrecen transporte público gratuito. En el pasado, muchos países han utilizado sistemas de garantía de empleo, y en Finlandia, Suecia y Nueva Zelanda se está experimentando con rentas básicas y jornadas laborales más cortas.
Pero la aplicación de una estrategia más amplia de decrecimiento -de forma segura y justa- se enfrenta a cinco retos de investigación fundamentales, que exponemos a continuación.
Eliminar la dependencia del crecimiento
Las economías actuales dependen del crecimiento de varias maneras. El bienestar suele financiarse con los ingresos fiscales. Los proveedores privados de pensiones dependen del crecimiento bursátil para obtener rendimientos financieros. Las empresas citan el crecimiento previsto para atraer a los inversores. Los investigadores deben identificar y abordar estas «dependencias del crecimiento» sector por sector.
Por ejemplo, hay que cambiar el «deber fiduciario» de los directores de empresa. En lugar de priorizar los intereses financieros a corto plazo de los accionistas, las empresas deberían dar prioridad a los beneficios sociales y medioambientales y tener en cuenta los costes sociales y ecológicos. Sectores como la asistencia social y las pensiones necesitan mecanismos de financiación seguros para los proveedores públicos, así como una mejor regulación y el desmantelamiento de los incentivos financieros perversos para los proveedores privados.
Equilibrar la economía nacional exigirá nuevos modelos macroeconómicos que combinen variables económicas, financieras, sociales y ecológicas. Ya se están utilizando modelos como LowGrow SFC (desarrollado por T.J. y P.A.V.), EUROGREEN y MEDEAS para proyectar las repercusiones de las políticas de decrecimiento, incluidos los impuestos redistributivos, los servicios públicos universales y la reducción de la jornada laboral.
Pero estos modelos suelen centrarse en un solo país y no tienen en cuenta la dinámica transfronteriza, como los movimientos de capitales y divisas. Por ejemplo, si los mercados se asustan por el bajo crecimiento de un país, algunas empresas podrían trasladar su capital al extranjero, lo que podría afectar negativamente a la moneda del país de origen y aumentar los costes de los préstamos. Condiciones como éstas plantearon graves problemas financieros a Argentina en 2001 y a Grecia en 2010. Es necesario considerar la cooperación internacional para un control fronterizo más estricto de los movimientos de capital y modelizar sus efectos.
Financiar los servicios públicos
Se necesitarán nuevas formas de financiación para financiar los servicios públicos sin crecimiento. Los gobiernos deben poner fin a las subvenciones a la extracción de combustibles fósiles. Deben gravar las industrias perjudiciales para el medio ambiente, como el transporte aéreo y la producción de carne. Los impuestos sobre el patrimonio también pueden utilizarse para aumentar los recursos públicos y reducir la desigualdad.
Los gobiernos que emiten su propia moneda pueden utilizar este poder para financiar objetivos sociales y ecológicos. Este enfoque se utilizó para rescatar a los bancos tras la crisis financiera mundial de 2007-8 y para pagar planes de rescate y hospitales durante la pandemia de COVID-19.
Hay que gestionar los riesgos inflacionistas, si el aumento de la demanda supera la capacidad productiva de la economía. Destinar divisas a los servicios públicos reduce la inflación del coste de la vida. Pero una estrategia de decrecimiento también puede reducir la demanda de bienes materiales, por ejemplo, mediante una fiscalidad progresiva, fomentando el consumo compartido y colaborativo, incentivando la renovación y la reparación, y apoyando los servicios comunitarios.
Otro riesgo es que cuando los Estados o los bancos centrales emiten moneda, puede aumentar el pago del servicio de la deuda pública. La investigación sugiere que la gestión de este riesgo requiere una cuidadosa coordinación de la política fiscal (cuánto gravan y gastan los gobiernos) y la política monetaria (cómo se mantiene la estabilidad de los precios). Se necesitan modelos e investigaciones empíricas que arrojen luz sobre los pros y los contras de los mecanismos innovadores de política monetaria, como el «sistema de reservas diferenciadas», que reduce el tipo de interés de la deuda pública.
