Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
En el marco de la lucha reivindicatoria de derechos humanos y ambientales que iniciaron en diciembre de 2023 diversas colonias urbanas “irregulares” en tierras del parque nacional Cañón del Sumidero, municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, Chiapas, destaca la instrumentación de mesas de dialogo y análisis de la problemática e investigación de antecedentes en diversas colonias involucradas, derivando como primera acción de la sociedad civil la presentación de amparos colectivos indirectos ante Juzgados de Distrito, apoyados a partir de la grandeza de esta área natural protegida y sus componentes biodiversos y culturales, por organismos como el Consejo Nacional de Monumentos y Sitios ICOMOS Comité Mexicano; Consejo Nacional de Organizaciones; Parlamento Nacional Indígena; Colectivo para la Salvaguardia de las Expresiones Originarias COPASEO y el Grupo Consultor para el Desarrollo de los Pueblos Rurales; este último organismo es el encargado de la parte jurídica del proceso de atención ciudadana.
En este proceso se identificó preocupación de la SEMARNAT para la toma de decisión del presidente de la república sobre la procedencia de publicación del decreto modificatorio del parque nacional Cañón del Sumidero, que es la materia de los amparos colectivos; exponiendo en enero de 2023 consideraciones que resultan sustantivas revisar, como es el planteamiento que la publicación del decreto modificatorio esté condicionado a la construcción de un muro perimetral de concreto a los límites del parque nacional, para evitar se continúe con las invasiones y creaciones de nuevos asentamientos humanos; en su defecto, opina que este no se publique.
El planteamiento de SEMARNAT ha sido a analizado por grupos de trabajo de diversas colonias, destacando que ante evidente violación continuada de derechos humanos por décadas y tolerancia al daño ambiental del parque nacional, NO existe justificación fundada para no concluir un procedimiento iniciado hace 28 años, donde la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, CNDH y organismos internacionales, han recomendado al Gobierno de México atender esta problemática, haciendo caso omiso a ello durante años; correspondiendo hoy al Poder Judicial Federal, atender y ordenar lo que en derecho corresponda.
Es entendible la preocupación de la titular de SEMARNAT de proteger al parque nacional, dejando de observar la responsabilidad ciudadana en este objetivo que debe ser parte de los acuerdos previos que se requieren para que la propia ciudadanía de colonias proponga mecanismos, acciones y responsabilidades en la encomienda del cuidado, protección y sostenibilidad de esta área natural.
El proceso de publicación del decreto debe estar sustentado en acuerdos con todos los representantes de colonias, las instituciones y gobiernos de sus tres niveles, para ordenarse la publicación del decreto modificatorio que excluye del parque la superficie que ocupan las 91 colonias identificadas en estudio; para luego identificar nuevas colonias y ocupaciones basado en la viabilidad de reubicación o bien por la infraestructura urbana existente se identifique la superficie y se determine su exclusión definitiva en su caso.
Dialoguemos gobierno y sociedad, cumpliendo nuestras responsabilidades.
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