Bany Oved Guzmán Ramos ha generado malestar en el ejido Xochiltepec al designar unilateralmente un nuevo juez, destituyendo a la persona nominada democráticamente por los habitantes.
Álvaro López / Tuzantán
Por no atender a los intereses de la comunidad, el alcalde de este municipio, Bany Oved Guzmán Ramos, contraviene las leyes sociales y políticas al designar unilateralmente un nuevo juez en el ejido Xochiltepec, destituyendo a la persona nominada democráticamente por los residentes. Este acto genera malestar en el ejido y otros sectores del municipio, siendo parte de una serie de prácticas corruptas del alcalde, quien continúa acumulando riqueza a través de múltiples actos de corrupción.
Los inconformes señalan que el día sábado, 15 horas antes de la reunión programada, el comisariado ejidal Samuel Ramos Kraul, aliado del alcalde, a través de un sistema de sonido local, convocó a los habitantes a la reunión para el cambio de juez rural. Sin embargo, alegan que la solicitud de cambio, supuestamente respaldada por medio millar de ciudadanos, es falsa, ya que ningún residente había solicitado el cambio ni tenía conocimiento previo de ello, y la información debió haberse comunicado con mayor antelación.
Durante la reunión, solo se permitió la entrada de 13 personas del ejido, mientras que la sala fue ocupada por elementos de seguridad municipal, personal de protección civil y empleados del ayuntamiento, quienes destituyeron a Manuela de Jesús Coutiño Lázaro.
El alcalde, en un documento firmado, alega que 500 personas solicitaron el cambio de la juez rural, cuando en realidad, según Coutiño Lázaro, esto se debe a que no accede a las acciones corruptas del alcalde, incluida la privatización del servicio de agua, la gestión de un vertedero de basura ilegal, y la negativa a permitir la instalación de centros de vicio en el ejido. Además, la juez destituida denuncia la mala calidad de las obras realizadas por el alcalde, exigiendo que se confirme que se han gastado millones de pesos en ellas.
Ante estos actos ilegales, la comunidad se organiza para rechazar esta imposición y solicitar la intervención de las autoridades superiores. De lo contrario, advierten que tomarán medidas radicales, recordando episodios anteriores en los que la comunidad actuó de manera similar.
