Roger Heli Díaz Guillén
La cultural, medio ambiente, educación, desarrollo rural y agrario son derechos, políticas públicas y recortes de nuestra realidad cuya atención o no atención impacta a los pueblos, ejidos y comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas de México y Chiapas que son parte importante poblacional y territorial que lo identificamos como el mundo agrario y rural, que en tiempos de transformación exige y requiere de una perspectiva diferente en la relación con los poderes públicos del estado mexicano, iniciando por dejar de ser visto como un “bien de interés público” equiparable a las áreas naturales protegidas y carreteras, del que el estado se ha responsabilizado de su protección, cuidado y desarrollo; para que se asuman como sujetos de derecho público como el ejido y la comunidad, con derechos territoriales y patrimoniales.
Estos recortes de nuestra realidad en Chiapas se expresan en los pueblos y comunidades indígenas; pueblos afro mexicanos; pueblos culturales e históricos que delimitan los mundos urbano, rural, agrario y pueblos; siendo el mundo agrario y rural que ocupa más de la mitad del territorio estatal que es propiedad social de pueblos, ejidos y comunidades que requiere de tratamiento específico que transformen la cotidiana forma de su atención basado en la autodeterminación y autonomía para el desarrollo sostenible, en las plataformas de orden comunitario y territorial de gobernabilidad y ordenanza
La cultura es un derecho humano y propiedad patrimonial colectiva que se expresa en lo inmaterial, místico-religioso; en lo arquitectónico y material y; en la naturaleza que transforman en biocultura; que desde el año 2022 se encuentra regulado por el derecho mexicano, donde la cultura es un patrimonio colectivo que corresponde su ordenanza y gobernanza a los pueblos y comunidades con el apoyo de la responsabilidad del Estado Mexicano y niveles de gobierno en su protección, ejercicio y aplicación del derecho.
La cultura es un tema pendiente a partir de su reciente regulación donde los patrimonios necesariamente deben identificarse, documentarse, interpretarse e inventariarse; debiéndose realizar las declaraciones de su existencia; lo cual para México y Chiapas representa el reto al no contar con inventarios del patrimonio cultural; basta revisar la página oficial de la Secretaría de Cultura federal en el apartado de patrimonios culturales para probar lo afirmado y; observar que el marco jurídico en la materia en Chiapas es obsoleto y contrario a derecho en términos de su perspectiva regulatoria que requiere de una integral de reformas vinculatorias a por lo menos siete leyes; no dejando de destacar que la importancia de la cultura en Chiapas para el poder ejecutivo y legislativo en su atención, no es directamente proporcional si observamos que lo realiza a través de un Consejo que lo minimiza, debiendo ser atendida por una Secretaria de Estado con las áreas necesarias para su atención integral y sostenible con intervención social de sus propietarios colectivos.
El medio ambiente es un tema que requiere de un cambio de paradigma en el deber hacer de la administración pública para efectos de la debida atención a la conservación, protección, sostenimiento y administración de las áreas naturales protegidas; al considerar que existen las recomendaciones 26/2016 y 12/2019 que a la fecha no han sido atendidas por gobiernos y autoridades ambientales federales, relacionadas con la falta de programas de manejo en por lo menos cien áreas naturales y por la falta de atención a la violación a derechos humanos de habitantes de 91 colonias urbanas “irregulares” y daños ambientales irreversibles al Cañón del Sumidero; debiendo el gobierno considerar que si se afectaron decenas de miles de hectáreas de selva de áreas naturales con la construcción del Tren Maya; que representan 3,400 hectáreas para resolver un problema ambiental y social de 300 mil habitantes en el Parque Nacional Cañón del Sumidero por la misma causa de interés público.
El desarrollo rural debe partir del desarrollo humano expresado en el desarrollo agrario para dar sostenimiento al desarrollo social, cultural, educativo y económico que necesariamente debe transitar de la sustentabilidad a la sostenibilidad con intervención social, partiendo del reordenamiento normativo-territorial que involucre en los núcleos agrarios los diversos componentes del territorio como los patrimonios culturales (espacios y expresiones), naturales, arquitectónicos y de expresión colectiva. El desarrollo rural en México se quedo en la visión sustentable del desarrollo basado en décadas en leyes de desarrollo rural y forestal sustentables que NO responden a los objetivos de desarrollo dispuesto por la ONU del que México es parte obligada de su cumplimiento que urgentemente deben derogarse por leyes sostenibles para el desarrollo agrario, rural, forestal, ambiental y cultural.
El desarrollo propuesto en la perspectiva de un nuevo agrarismo mexicano se basa en la intervención social comunitaria; reordenamiento normativo comunitario que involucre los patrimonios cultural y natural que componen el territorio, para ser asumidos en la ordenanza y gobernanza donde empieza la paz y orden en México que no son atendidos en políticas públicas; que debe ser promovido, asistido y acompañado en la responsabilidad del estado a través de la administración pública como componente de la transformación.
En el terreno de la educación la intervención gubernamental es urgente y estratégica por su cobertura al considerar que se está en momentos en que los docentes responsables de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) desde el 2022 en que se puso en marcha el nuevo plan de educación no encuentran la brújula metodológica para investigar y documentar e interpretar los contenidos de las comunidades y sus patrimonios cultural y natural que son ejes de la educación, basados en las categorías científicas que direccionan los objetivos de conocimiento contenidos en el programa sintético.
La educación dio un giro de 360 grados que obliga a su atención prioritaria a partir de observar que la educación se ha descentralizado; donde no existe un programa nacional con contenidos educativos; donde la educación hoy parte de lo particular comunitario de los saberes originarios y contexto cultural y natural, a lo general de los saberes científicos y del mundo; donde cada escuela debe elaborar su programa de educación con contenidos de enseñanza-aprendizaje basado en una realidad comunitaria territorial, donde la comunidad es eje rector y actor sustantivo en los programas educativos de sus escuelas promovido por los agentes transformadores de la educación que son los docentes; que requieren acompañamiento del estado, sociedad científica, sociedad académica y sociedad civil en un acuerdo nacional por la educación con identidad, pertenencia, ética y dignidad ante el mundo.
Trabajar en los programas de educación en las escuelas es reto inmediato que requiere voluntad, inclusión y corresponsabilidad donde la intervención de estado se fortalezca con la intervención social de agentes y colectivos sociales, basado en la responsabilidad de no atentar contra la dignidad humana, la identidad, la auto adscripción indígena, la libertad y; sustantivamente los saberes originarios y pertenencia a patrimonio territorial, natural y cultural de la comunidad y/o pueblo al que se pertenezca.
