Roger Heli Díaz Guillén
El documento “Claudia Sheinbaum 2024-2030. 100 pasos para la transformación” propone un futuro para México basado en el conocimiento que el equipo que aspira a gobernar tiene de la realidad y vida diaria que centra su interés de atención en los ciudadanos como población vulnerable; derechos humanos de mujeres, niños y jóvenes; servicios públicos, ciencia, tecnología, inclusión, género y pobreza; dejando de atender temas torales de la vida pública como los derechos colectivos, territorios, pueblos, ejidos, comunidades, biodiversidad, medio ambiente, educación comunitaria, patrimonios culturales y naturales y; el marco normativo comunitario regulado por la ordenanza, gobernanza, costumbre jurídica y orden nacional de los pueblos y comunidades, necesario en el ejercicio de los derechos existentes y a los que se aspiran con el reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público, necesario de considerar en el marco de la gobernabilidad, orden comunitario, estado de derecho y paz social en México
El proyecto asume la continuidad de los programas de bienestar social que atiende la pobreza; a impulsar el paquete de reformas de febrero de 2024 que impacta en derechos sociales y diversas políticas públicas; a fortalecer y dar continuidad a proyectos y obras del gobierno actual; pero deja de atender propuestas de reformas necesarias relacionados con derechos humanos colectivos de ejidos, pueblos, comunidades campesinas, indígenas y afro mexicanas que se fundan en los artículos 2, 4, 27 y 115 constitucional, leyes reglamentarias y reglamento de las mismas en materia agraria, ambiental y cultural; no trasciende en la cultura el fomento, salvaguarda, protección, promoción y reconocimientos para el bienestar social de agentes culturales, destacando fortalecer la atención de los servicios culturales del estado. Deja de atender y proponer acciones a la problemática de las áreas naturales protegidas como la falta de programas de manejo y regularización en casos como el parque nacional Cañón del Sumidero y la consolidación de las decenas de áreas naturales protegidas en el gobierno que concluye.
No se establecieron pasos para atender el desarrollo rural a partir del desarrollo agrario y comunitario, ni se identifican elementos de cambios al modelo de desarrollo y transformación que propone; sin pronunciamiento hacia ejidos y comunidades que ocupan más de la mitad del territorio nacional y; no establece directrices y acciones para la instrumentación de la nueva escuela mexicana y plan nacional de educación que ha sido tema de controversia; por destacar algunos aspectos de la vida pública.
Específicamente para los pueblos indígenas y afro mexicanos más allá de sumarse a las reformas constitucionales del gobierno actual que no resulta una propuesta al ser un paso que ya dio el gobierno en turno, propone el proyecto tres temas: seguir haciendo justicia para los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas de México dando seguimiento y ampliación a los planes de justicia y desarrollo Integral; garantizar que los programas sociales sigan teniendo como población prioritaria a estas comunidades y pueblos y; fortalecer la enseñanza de las 68 lenguas originarias que se hablan en nuestro territorio.
Como se desprende de los 100 pasos, se continua en la perspectiva paternalista de estado proveedor del desarrollo, no expresa tratamiento basado en el respeto como sujetos de derecho público que se aspira, mucho menos acciones de atención a la problemática de los pueblos y comunidades, adoleciendo de planteamiento a las consecuencias e implicaciones de la reforma constitucional de reconocimiento de estos colectivos sociales como sujetos de derecho público con su componente territorial, cultural, natural y normativo comunitario de donde emerge la importancia de trabajar en los instrumentos normativos comunitarios de los pueblos campesinos, indígenas y afro mexicanos a partir del territorio, cultura, biodiversidad, identidad y pertenencia; de trabajar en los inventarios de patrimonios culturales como propiedad colectiva de los pueblos y comunidades dispuesto en México desde el 2023 en nueva ley; de trabajar en el desarrollo agrario de ejidos y comunidades con población indígena y; de trabajar en la educación comunitaria que propone la nueva escuela mexicana (NEM) desde el 2022, donde más que fortalecer los programas educativos de nuestros niños y jóvenes como se propone, hay que definir líneas de actuación de convergencia gobierno-magisterio-comunidad para elaborar los programas comunitarios, reconociendo que la NEM no ha logrado al día de hoy el primer programa educativo basado en un plan analítico de la realidad comunitaria y educativo derivado de un proceso de vinculación escuela-comunidad y de investigación social inclusiva e integral.
En la cultura el proyecto de gobierno nos queda a deber observándose que prioriza el bienestar social, el reconocimiento, espacios y servicios culturales del estado, fomento a la educación artística desde las infancias; comprometiéndose revisar leyes del sector cultural: INAH, INBAL, Ley de Cultura y Derechos Culturales y la Ley General de Archivos; dejando de atender reformas a leyes supletorias del derecho cultural como la ley de protección del patrimonio cultural; ley agraria, ley del equilibrio ecológico y protección al ambiente y; ley general de educación; omitiendo pasos y/o acciones sobre educación indígena de esta ley que hoy se encuentra sin aplicación por disposición de la suprema corte de justicia de la nación.
Propone que los tres órdenes de gobierno faciliten el desarrollo de actividades culturales; cuando el tema de fondo no es facilitar sino el reconocimiento del patrimonio cultural material, natural e inmaterial como propiedad de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, de donde parte la corresponsabilidad como gobiernos municipal-comunitario sobre la cultura.
Respecto al desarrollo rural y soberanía alimentaria plantea fortalecer el tejido social en el campo delimitándolo al fortalecimiento del registro agrario nacional y procuraduría agraria, omitiendo que el tejido es institucional y social, donde nada se dice de los ejidos y comunidades; habla de las mujeres en atención de su pobreza y marginación, pero no de su intervención en el desarrollo a partir de su presencia paritaria. No innova programas de atención a mujeres campesinas; jóvenes, ejidos y comunidades; no establece pasos para la atención a los millones de hectáreas de tierras de uso común en el campo mexicano que nunca en la historia han sido de interés público, que mucho abonaría a la soberanía alimentaria.
Referente al medio ambiente, agua y recursos naturales el proyecto de gobierno únicamente considera importante atender el derecho y gestión del agua, dejando de establecer pasos y/o acciones respecto al medio ambiente y recursos naturales, mucho menos delimitar la intervención, propiedad y participación en la administración a partir de la libre determinación en territorios de pueblos, comunidades y ejidos decretados como áreas naturales protegidas. Deja de observar la problemática de sostenibilidad y norma de las áreas naturales protegidas que están causando daños irreversibles.
Los cien pasos para la transformación deben pasar a doscientos pasos si es necesario a partir de una actitud incluyente, asertiva y abierta a voces que sumen por el bien común, bienestar y desarrollo. Hoy son tiempos de unidad para escucharnos pensando en lo posible.
