¿Llegó la hora para el Cártel inmobiliario de Chiapas?
Todo parece indicar que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado se han puesto en los zapatos de las decenas de mujeres que han sido estafadas por el Cártel Inmobiliario, luego de que la noche del jueves fuera detenida una de las tres personas implicadas en los fraudes, donde han acumulado una fortuna.
Viviana Zuarth fue detenida en la capital chiapaneca y trasladada al centro preventivo “El Canelo”, ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo, aunque sus víctimas han protestado contra las autoridades judiciales pues la detenida debió haber sido enviada a El Amate, como suele pasar con los criminales.
Robarse el patrimonio de toda una vida de personas inocentes es un acto criminal, un hecho de bajeza, que no tiene porqué brindársele contemplaciones para quien comete semejante atrocidad, dicen las afectadas.
Si de algo nos podemos jactar es que en estas líneas editoriales se ha dado cuenta de todos los atropellos que ha cometido el trio Viviana, Gustavo Flores y Erick Romero Peimberth. Los tres, asociados con funcionarios estatales han dejado en la calle a indefensas mujeres que perdieron su casa o su dinero con el que conseguirían su vivienda.
Arropados bajo las empresas Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar SA de CV, además de la Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas, estas personas desvalijaron hasta el último ahorro de un centenar de mujeres que hoy ya rondan en la tercera edad.
Los atracos de cuello blanco parece que tienen una luz al final del túnel y ojalá se haga justicia. Sin embargo, no habían pasado ni 24 horas cuando las víctimas del Cártel Inmobiliario denunciaron que Viviana recibe en el Canelo un trato de princesa.
La detención de la sindicada será en un inicio por seis días (144 horas que solicitó la defensa para estudiar las pruebas), pero no fue llevada a El Amate.
Viviana en todo momento se había escapado de las notificaciones judiciales para que se presentara a comparecer o presentaba amparos, por lo que la policía ministerial ordenó ubicarla y llevarla por la fuerza a los Juzgados de Control del Poder Judicial del Estado ubicados en la Penitenciaría El Canelo, en el municipio de Chiapa de Corzo.
En la audiencia preliminar se acordó tenerla en prisión preventiva justificada. A la integrante del Cártel Inmobiliario se le acabaron los elementos para escabullirse de la justicia, al grado que le negaba el paso a la autoridad para que acudiera a comparecer; negó su domicilio, le notificaban al actuario que no vivía en equis domicilio o que no se encontraba.
De acuerdo con la defensa de las personas estafadas, los tres integrantes de esta banda inmobiliaria aceptaron haber cometido fraudes, tan es así que los estafadores llegaron a un acuerdo con las víctimas para reparar los daños y no proseguir con las demandas penales. Y sí, como usted se lo imagina, no cumplieron, burlándose al no reparar el daño.
Las investigaciones del caso abren el abanico para que se concreten las investigaciones contra funciones y políticos que han sido señalados de haber brindado las facilidades para acelerar los fraudes.
Hoy en la lista están servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, del Registro Público de la Propiedad, del Tribunal de Justicia, según confirmó Juan Gabriel Toledo Ibarra, asesor jurídico.
Para el abogado existen por lo menos “120 casas compradas de manera fraudulenta de diferente esquema; que compran la casa y resulta que ya está vendida, o compran una casa y resulta que no sabían que tenía una hipoteca de más de 50 millones por la vivienda”.
En suma, una gran red dedicada a este “negocio fraudulento” que ojalá tenga resultados positivos para las víctimas que por muchos años han exigido justicia”. Lo último de esta trágica novela es que las víctimas piden una reunión con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que creemos, podría darse en los siguientes días, debido a la apertura con las causas ciudadanas que ha demostrado el mandatario chiapaneco.
