Sin justicia, los alcaldes hacen de la política su botín familiar

Algo y urgente tiene que implementarse para cuidar la seguridad de los candidatos y candidatas a las alcaldías de Chiapas. Los últimos acontecimientos registrados denotan que algo está fallando, independientemente de que se diga que sean grupos armados los que provocan la violencia.

En los municipios la gente sabe cuál es la verdadera situación política que prevalece, conoce quiénes son los desestabilizadores y tiene bien claro qué personajes mantienen su coto de poder para continuar gobernando a base de intimidación y de profundizar el miedo entre la población.

Así de simple es el trabajo que se empeñan en realizar los caciques del pueblo, los que “trabajan” de manera coordinada con los alcaldes, cuyo negocio de estos últimos es mantener y rotar el poder entre su gente de confianza, entre la familia.

La autoridad gubernamental como las electorales, en este caso el INE y el IEPC, deben tener en sus escritorios los escenarios políticos del estado, a dos semanas de la elección, y bajo esa premisa no es justo que no se implementen estrategias para garantizar que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su sufragio.

Los operadores políticos, a menos que estén ligados o en contubernio con los grupos desestabilizadores, conocen el mapa electoral y político de sus regiones y si no es así, entonces su función deja de tener sentido, pues eso es justamente lo que la máxima autoridad tiene como arma para aplicar estrategias que conlleven a solucionar los problemas.

Chiapas ha sido noticia nacional desde los tiempos remotos siempre que hay hechos delictivos entre grupos, entre adversarios políticos, en accidentes “provocados” por la naturaleza o por la mano del hombre, como los accidentes donde migrantes han perdido la vida debido a pifias humanas.

En esta entidad hay de todo, pero a pesar de los pesares, continúa resurgiendo esa fuerza comunitaria de trabajar para salir adelante, para combatir los males que nos aquejan como sociedad y en este punto esencial, duele que nuestras autoridades se achiquen para permitir que los políticos continúen avasallando a los más desprotegidos.

Sin ir muy lejos está el caso de La Concordia, donde Miguel Ángel Córdova, el eterno “caudillo” de este municipio, ha mantenido el poder del municipio desde hace tres lustros, donde ha sido alcalde dos veces, diputado local por la zona, y heredado el poder a sus hijos.

A este personaje se le acusa de muchos delitos, de quedarse con dinero que no le corresponde, exhibido públicamente con las pruebas en la mano y hasta hoy en día no ha habido nadie que le ponga una mano encima para detenerlo en su ambición.

Hace casi un año se salvó de ser asesinado cuando varios de sus escoltas fueron baleados por un grupo armado en la capital Tuxtla Gutiérrez. En aquella ocasión el presidente municipal no viajaba en ninguna de las unidades que sufrieron la agresión. Sin especular el hecho, a la fecha no ha habido investigación alguna que explique en qué condiciones o en qué situación el famoso “Amigo Migue” está inmiscuido o no en dicho atentado.

La democracia no se trata de comprar votos, de regalar dinero o mucho menos, de amenazar a los ciudadanos para que voten por equis o zeta persona. No, así no funciona, pero en especial en este municipio el rey sigue siendo Córdova y no hay nadie que se atreva a hacerle frente para detener su ambición política.

Otro caso es el del presidente municipal de San Fernando, donde Juan Antonio Castillejos Castellanos, también se ha apoderado del control de la zona. A él claramente sus adversarios lo han señalado de mantener sus dominios a punta de pistola.

Desde hace seis años se mantiene como alcalde y hoy, como hace tres años, trata de impedir que la candidata de Morena, la abogada Adriana Gallegos Marina, busque por segunda ocasión ganar la presidencia municipal.

Castillejos Castellanos es señalado de actos de corrupción, de tener controlado la mayor parte del comercio en el municipio, a los mototaxis, de tener flotillas de concesiones en este último rubro e incluso de taxis en la capital chiapaneca.

Por eso la ciudadanía se queja con justa razón de que a pesar de que la autoridad judicial tiene las denuncias en el escritorio, no hacen nada por remediar los males que provocan los alcaldes en sus municipios. Entre tanto, estos hombres seguirán riéndose de sus gobernados, donde la política es su botín personal y su razón de ser.

Compartir:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *